Desigualdad, umbrales de violencia estatal y agenda de derechos humanos

La última dictadura cívico-militar constituyó una cesura en la historia argentina, pues sentó las bases para el cambio en la distribución del poder al interior de la sociedad. La nueva época produjo el final violento del empate social, atravesado por una gran inestabilidad política y fuertes pujas económicas y abrió el tránsito hacia un nuevo período, caracterizado por La Gran Asimetría entre los grandes grupos económicos y los empobrecidos sectores medios y populares.

Como en otros países de América Latina, la dictadura cívico-militar argentina tuvo como objetivo llevar a cabo una política represiva, al tiempo que aspiraba a refundar las bases materiales de la sociedad. En consecuencia, el corte que ésta introdujo fue doble: por un lado, a través del terrorismo de Estado apuntó al exterminio y disciplinamiento de vastos sectores sociales movilizados; por otro lado, puso en marcha un programa de reestructuración económico-social que habría de producir hondas repercusiones en la estructura social y productiva.

En el corto plazo, las repercusiones sociales y económicas del golpe de Estado de 1976 fueron devastadoras. La dictadura impulsó una serie de reformas que cuestionaban el rol interventor del Estado y promovían al mercado como único responsable en la asignación de recursos. Éste supuso también la interrupción del régimen de sustitución de importaciones, clave económica del modelo anterior. Todo ello se tradujo por una distribución regresiva del ingreso, favorecida por la eliminación de las negociaciones colectivas y la caída del salario real. Asimismo, el gobierno militar propició el endeudamiento externo del sector público y privado, reflejado en el aumento espectacular de la deuda externa, que pasó de 13 mil millones de dólares a 46 mil millones de dólares, en 1983.

El kirchnerismo terminó por consolidar la estructura de desigualdades, al tiempo que sumó otras nuevas

Respecto de las clases populares, la dictadura militar marcó el inicio de un proceso de mutación y fragmentación, caracterizado por la disminución y debilitamiento del mundo de los trabajadores formales y de sus instituciones sindicales, y el pasaje a un complejo mundo organizacional y comunitario, atravesado por la pobreza y el desempleo. Esta gran mutación contribuyó a la ruptura de solidaridades al interior de las clases populares, a través de la heterogeneidad socio-ocupacional, la diversidad de trayectorias y el hiato generacional. Asimismo, alimentó la desconexión entre clases populares y clases medias, al tiempo que -una vez más- actualizó en estas últimas la creencia en la existencia de una alteridad mayor, ilustrada de manera emblemática por la “frontera” entre la ciudad rica y cosmopolita de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, pauperizado y desindustrializado, sede permanente de las llamadas “clases peligrosas”.

Respecto de las clases medias, las repercusiones de la dictadura serían significativas. A través de la política de desapariciones y de la expansión del terror al conjunto de la sociedad, asestaría un duro golpe sobre la confianza de las clases medias (y sobre sus intelectuales) como actor político articulador, al tiempo que obligaría a éstas a un repliegue sobre el espacio privado, visible hasta el año 2001. A ciencia cierta, el reflujo de la participación política -y, a partir de ello, la demanda de orden- arrancó durante el tercer gobierno peronista, poco antes de la muerte de Perón (1974), a partir del avance de la derecha (los asesinatos de la Triple A). Pero, sin duda, la dictadura militar impuso un cambio de orden cualitativo desde el aparato estatal, pues se propuso entre sus objetivos la represión y desmovilización de la sociedad argentina en general y de las clases medias en particular, cuyo rol articulador desde los años ´60 y principios de los ´70, se había tornado particularmente desafiante.

La sociedad argentina que emerge de la post-dictadura, y que arrastra el trauma de “la gran represión” fue modificando el umbral de tolerancia respecto de la violencia política que está dispuesta a soportar

Aún así -o precisamente por ello- fueron mujeres y hombres provenientes principalmente de las clases medias los que estuvieron en el origen de las diferentes organizaciones de derechos humanos, cuya acción de denuncia generaría los primeros cuestionamientos internacionales a la política represiva de la dictadura. Cabe agregar, sin embargo, que la acción propuesta por los movimientos y organizaciones de derechos humanos estaría ya lejos del ideal político articulador sostenido por las clases medias en épocas anteriores.

Por último, más allá de los cambios producidos en la cúpula económica, la sociedad argentina sufrió un proceso de concentración económica, que se vio agravado en los años ´90, y que ha conocido una vuelta de tuerca en los últimos quince años, a partir de su afianzamiento y la creciente desnacionalización de las empresas. En este marco, no se han realizado reformas profundas que modifiquen el marco legal que generó, por ejemplo, la institucionalidad neoliberal. Además, la presencia de capitales transnacionales en los sectores extractivos, ha impulsado la generación de una nueva comunidad de negocios entre lo público y lo privado, en estrecha asociación con los gobiernos provinciales y nacional.

Viñeta: Haroldo Meyer

Así, más allá de las innegables transformaciones sociales, a 40 años del golpe de Estado cívico-militar, los argentinos continuamos viviendo bajo el signo constante de La Gran Asimetría. A la decepción de los 80, bajo el alfonsinismo, que planteaba que con la democracia se come, se cura, se educa, le sucedieron los golpes económicos y la hiperinflación, que significaron un duro revés para las expectativas de las clases medias y populares. Lo peor sucedió en los `90, con la ampliación vertiginosa de las desigualdades, gracias a la alianza entre el peronismo y los sectores neoliberales. Sin plan de gobierno alternativo, la breve y colapsada gestión de la Alianza agravó la situación y precipitó la caída en la peor crisis de nuestra historia.

A la gran crisis de 2001, que reduplicó las brechas de la desigualdad, le siguió el establecimiento de un orden político y económico, de la mano de Néstor Kirchner, sucedido por Cristina F. de Kirchner, que se extendería por 12 años. El kirchnerismo, más allá de colocar al Estado en un espacio de geometría variable y de realizar mejoras económicas que contribuyeron a la reducción de la pobreza, ligadas éstas a un período de fuerte crecimiento económico, terminó por consolidar la estructura de desigualdades, al tiempo que sumó otras nuevas. En ese sentido, ciertamente hubo una notable mejoría respecto de 2001, pero en casi todos los indicadores económicos, la situación es aún peor que a comienzos de los `90. Por otro lado, desde 2007 en adelante, asistimos a un estancamiento y, a partir de 2011, el inicio de una nueva crisis económica, en un contexto inflacionario, agravado ello por la ausencia de datos fiables sobre la pobreza. En suma, por encima de las políticas de inclusión (asignación universal por hijo) asociadas a los sectores marginales, las mejoras transitorias en la distribución capital/trabajo no alteraron las tendencias estructurales, a las cuales se sumaron nuevas problemáticas.

Umbrales de violencia política estatal

Un tema fundamental sobre el cual es necesario reflexionar, a 40 años del golpe militar, es el referido a la violencia política estatal. Sabemos que el umbral de violencia política capaz de tolerar una sociedad es siempre una construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su historia nacional y a sus devenires traumáticos. Por caso, el límite tolerado no es el mismo en la sociedad argentina que en la chilena, aún si ambos países conocieron una dictadura militar criminal. Tampoco el nuestro puede ser comparado a los casos de Colombia, México o Brasil, país éste último que hoy conoce fuertes movilizaciones sociales.

La sociedad argentina que emerge de la post-dictadura, y que arrastra el trauma de “la gran represión” fue modificando el umbral de tolerancia respecto de la violencia política que está dispuesta a soportar. En este contexto, por razones que nada tienen que ver con la errada teoría de los dos demonios, la lucha armada -como forma de violencia política- terminó por desaparecer del horizonte de posibilidades como alternativa para promover el cambio social y dejó de ser un repertorio de acción desde las propias organizaciones políticas y los movimientos sociales. La Tablada (1989) marcó el final de una época, el ocaso del ethos militante setentista, basado en la idea del compromiso total y la apuesta por la revolución a través de la lucha armada.

Asimismo, el gran trauma social producido por la dictadura militar impactó sobre el modo en cómo la sociedad procesa, comprende y tolera la violencia política ejercida desde el aparato represivo estatal. Los juicios a los militares responsables de los crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura, la inclusión de sus cómplices civiles, la redefinición misma de ésta como dictadura cívico-militar, impulsados durante el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, sin duda abrieron la posibilidad no sólo de realizar el pasaje de la impunidad a la verdad y justicia, sino también de llevar a cabo una política de la memoria, desde el Estado. Este es uno de los grandes legados de las organizaciones defensoras de derechos humanos, resumido en la fórmula del “Nunca más”, que con el correr de los años apuntaló un consenso respecto de los límites de la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o exterminio político de los ciudadanos (“No matarás”). Así, es necesario reconocer que tanto los juicios a los genocidas como la política de la memoria constituyen un logro del gobierno kirchnerista, el cual a nivel internacional aparece como un ejemplo de justicia transicional. Sin embargo, menudo favor le haríamos a la democracia pensada como proyecto de expansión de derechos y horizonte de transformación colectivo si redujéramos la agenda de los derechos humanos a las violaciones sufridas bajo la dictadura militar.

En esta línea, cabe preguntarse si este corrimiento del umbral de tolerancia de la violencia política es generalizado, o solo atañe a determinados crímenes o asesinatos políticos. Desde mi perspectiva, es solo cuando el crimen revela su contenido ostensiblemente político y se torna visible a los ojos de la sociedad toda, que se reactiva una voz de alerta, señalando un límite, que renueva el compromiso de la sociedad argentina con el “Nunca más”, vía la movilización y el rechazo. Así sucedió, por caso, con la grave represión ocurrida el 26 de junio de 2002, cuando por primera vez en democracia, se realizó un operativo en el cual participaron el conjunto de las fuerzas represivas, desde fuerzas federales -gendarmería, prefectura y policía federal-, hasta la policía bonaerense, bajo un mando único, para enfrentar la protesta social. El saldo fue el asesinato de dos jóvenes militantes, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, setenta heridos y más de doscientos detenidos. A diferencia de la represión generalizada llevada a cabo por el gobierno de De La Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001 -que le costó su destitución-, ésta fue una represión selectiva y planificada, con un blanco muy claro: los piqueteros, la “población sobrante” en el marco de una sociedad excluyente, que de modo acelerado se había convertido en el actor central de la protesta social. Asimismo, la represión del Puente Pueyrredón no podría comprenderse sino en relación con aquellas históricas jornadas de Diciembre de 2001, que liberaron una enorme energía social contestataria, capaz de desafiar al poder.

La historia es conocida: el gobierno de Duhalde acusó a los piqueteros de matarse entre sí, pero sólo veinticuatro horas después, las imágenes tomadas por el fotógrafo Pepe Mateos, evidenciaron la culpabilidad de las fuerzas represivas. Fue entonces que la sociedad argentina reaccionó en bloque, viendo en esa represión selectiva una actualización de metodologías de aniquilamiento, propias de los años del terrorismo de Estado. Duhalde se vio obligado a llamar a elecciones y dar un paso al costado. Así, frente a este hecho criminal, la sociedad argentina mostró el potencial movilizador y solidario que posee la memoria de la gran represión, reafirmando el compromiso con el “Nunca más”. Algo similar sucedió cuando se produjeron los asesinatos de otros dos militantes, Carlos Fuentealba, docente, allá en Neuquén, en 2007, y Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, en 2010.

Desde sus inicios, el kirchnerismo buscó hacerse eco de esta representación social -el rechazo a la represión abierta y selectiva contra militantes sociales o políticos-, retomando y apropiándose del paradigma de los derechos humanos. Más aún, casi como una parábola, Néstor Kirchner saltó a la escena nacional a partir de la oportunidad política que se abrió con el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y falleció, de modo inesperado, una semana después del asesinato de Mariano Ferreyra, a manos de la burocracia sindical, a la vez socia del entonces gobierno nacional. La leyenda cuenta que el expresidente quedó muy impresionado por este crimen político, que una vez más tenía por víctima un joven militante.

Según un informe realizado en 2012 por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la judicialización de la protesta social se extendió y hoy son más de 4000 las causas penales

Pero, más allá de esto, el mandato “no reprimirás la protesta social” esgrimido por el kirchnerismo, así como el supuesto umbral de tolerancia basado en el “Nunca más”, resultan ser una construcción política mistificadora dentro del relato oficial, antes que un dato de la realidad social. Por un lado, es cierto que la reacción social frente a los asesinatos de Kosteki y Santillán colocó un límite -temporario- a la violencia estatal, pero también señalaría la búsqueda de nuevas vías para el control de la protesta, a fin de evitar el repudio social. Además, los dispositivos de la represión fueron cambiando. Luego de lo ocurrido entre 2001 y 2002, quedaba claro que cualquier ensayo abierto de aniquilamiento selectivo debía evitar la visibilidad inmediata o la centralidad geográfica. Así, salvo excepciones, como las ya mencionadas (Fuentealba y Ferreyra) y los tres asesinatos en el Parque Indoamericano, ocurridos en diciembre de 2010, la política de supresión física se fue deslizando hacia las provincias y sus márgenes, dónde fueron arrinconadas las poblaciones indígenas y campesinas, cuyas tierras hoy aparecen valorizadas por el capital.

Así son los corsi e ricorsi de la historia: las nuevas formas de acumulación, a través de la acelerada expansión de la frontera sojera, petrolera y minera, los emprendimientos turísticos y residenciales, el acaparamiento de tierras y la especulación inmobiliaria, vuelven a tener como contracara la desposesión, también acelerada, de tierras, bienes naturales y territorios y, por ende, el despojo violento de derechos individuales y colectivos. Según un informe realizado en 2012 por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la judicialización de la protesta social se extendió y hoy son más de 4000 las causas penales, con un pico registrado entre 2009 y 2010, que cubre un arco amplio de sectores movilizados. Sindicatos y pueblos originarios -pese a que estos últimos representan un sector cuantitativamente menor - están a la cabeza, casi igualados, con más del 31% cada uno, de acuerdo al estudio realizado sobre 2238 casos. Asimismo, los cambios indican un creciente proceso de tercerización de la represión (policías provinciales, con grupos de choque, sicarios impulsados por propietarios sojeros y latifundistas). Sólo en los últimos años ha habido una veintena de asesinatos y muertes dudosas de indígenas y campesinos, varias de ellas catalogadas como “accidentes” por las autoridades. Esas “emanaciones de la muerte difusa”, como escribe nuestra colega Mirta Antonelli, sistemáticamente denegadas desde el poder, “nos interroga sobre el horizonte mismo de los derechos humanos”. El caso más emblemático es el de los pueblos Quom, de la comunidad Primavera, cuyo dirigente, Felix Díaz, ignorado por el poder político nacional, ha sido hostigado hasta el ensañamiento desde el gobierno formoseño e ignorado por el kirchnerismo.

Las formas de la violencia política estatal han ido mutando: incentivadas y promovidas por políticas públicas nacionales (desde Néstor Kirchner, pasando por los ocho años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en la actualidad, el gobierno neoempresarial de Mauricio Macri), los modelos de (mal)desarrollo van segando el camino y los territorios de nuevos cuerpos sacrificables. Desde la lógica de esos modelos excluyentes, ya no son los desocupados la “población sobrante” (para ellos el poder prevé planes sociales masivos), sino otros cuerpos y comunidades, indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la imperiosa expansión del capital. Por otro lado, al calor de la crisis económica, desde 2007, se han ido sumando diferentes organizaciones sociales y sindicales, que han sido objeto de una política de criminalización, de espionaje y, por supuesto, de episodios de represión. Todo indica que, en el marco del proceso de ajuste y de reorientación de la política social y laboral, bajo el nuevo gobierno de Macri, el escenario de criminalización y represión de las protestas se acentuará. No hay que descartar, empero, el carácter recursivo de estos conflictos, pues la configuración que éstos adopten y las respuestas del gobierno, en un escenario sin duda más desigualador en lo social, dependerá también de los límites que la sociedad argentina coloque al nuevo gobierno.

Más allá de las innegables transformaciones sociales, a 40 años del golpe de Estado cívico-militar, los argentinos continuamos viviendo bajo el signo constante de La Gran Asimetría

Así, a cuarenta años del golpe militar, la sociedad argentina ha realizado un largo camino donde la consolidación de la gran asimetría ha ido acompañada también por un reclamo constante de verdad y justicia, el cual encontró eco y factibilidad en los últimos doce años de gobierno. Sin embargo, tal vez sea hora de relativizar los “triunfos de la memoria”. Hace años ya que la compleja realidad social nos está advirtiendo que los umbrales de violencia política estatal, siempre precarios y móviles, han transpuesto y amplían peligrosamente aquellos límites pensados, quizá de manera muy estática, desde el “Nunca más”, vinculado de manera exclusiva al Estado Terrorista y la dictadura cívico-militar. En suma, el nuevo ciclo de violación de los derechos humanos individuales y colectivos exige el sinceramiento y la visibilización de la nueva agenda de defensa de los derechos humanos.

* Miembro de Plataforma 2012.