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Instituto Interamericano de Derechos Humanos


Por Enrique Carpintero y Alejandro Vainer - Publicado en Marzo 2007

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo que trata los casos de violaciones de Derechos Humanos que no tuvieron resolución en los países de origen. A ella llegan alrededor de 2000 casos al año, de los cuales la Corte analiza y decide tratar 4 ó 5 por año. El objetivo de los juicios que llegan a la Corte es que sean ejemplificadores y las sentencias normalmente tienen un contenido que recomienda o exige un cambio en la política. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos tiene un programa para toda América Latina de promoción, capacitación y formación en la temática de Derechos Humanos, difundiendo los instrumentos internacionales para abogados y jueces de la Corte para apoyar a tribunales nacionales locales en materia de Derechos Humanos. Con motivo de una reunión en el país entrevistamos a dos psicólogos Graciela Guilis (Argentina) y Carlos Portillo (Paraguay) que forman parte de esta organización.

 

T: ¿Cuál fue el origen de esta organización y a qué se dedica?
GG: El nuestro es un trabajo de interdisciplina entre el campo psi y el jurídico. Nuestro equipo se conformó en el año 2003. Empezó con el objetivo de armar un “Glosario” destinado para la utilización del sistema jurídico interamericano de Derechos Humanos. Es que existen modalidades, jergas y discursos tan distintos que cuando nos juntábamos los psicólogos con los abogados nunca nos terminábamos de poner de acuerdo. Y era necesario contar con el “Glosario” para trabajar en los casos de violación a los Derechos Humanos de la CIDH con una articulación psico-jurídica. Para dicho Glosario discutimos los términos de los que hablábamos: qué es una “solución amistosa”, una “víctima”, etc. En un segundo tiempo este proyecto se amplió, ya que comenzamos con el acompañamiento previo y posterior a las audiencias de la CIDH de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
CP: Recordemos que el camino de las víctimas es muy largo. Primero se busca justicia en los Tribunales locales y nacionales. Este es un requisito del sistema interamericano, que interviene luego que se agotan las instancias locales. Esto significa un largo recorrido de instancias judiciales donde los propios afectados y sus familiares llegan desgastados y cargados de frustración. Y cuando finalmente llegan al sistema interamericano fácilmente puede llevar de 5 a 7 años un caso hasta la instancia final que es la audiencia y la sentencia que la CIDH pronuncia. Mucha gente se quebraba en el camino, desistía o llegaba asumiendo que no iba a obtener justicia o no iban a ser escuchados. Esto es lo que motivó este equipo de apoyo que es el mismo equipo de peritos.
GG: Por eso se amplió el proyecto para trabajar en la asistencia psico-jurídica a las víctimas de las torturas, masacres, a las distintas causas. La idea central es poder trabajar para lograr que no lleguen los casos a la CIDH sino que se resuelvan en instancias nacionales. En los ‘80 los casos de violaciones de Derechos Humanos no se trataban en los países de América Latina, por lo cual la única instancia a la que se podía recurrir era a la CIDH. Y en esa instancia se pudieron resolver muchas situaciones de violación a los Derechos Humanos. Esto en los últimos años ha cambiado, sobre todo en los países del cono sur. Pero en Centroamérica y el resto de América Latina continúa con problemas muy graves.

T: ¿Podrían relatar una intervención concreta?
CP: En el caso que estoy trabajando es el “Panchito Lopez”. El “Panchito López” era un “Instituto de rehabilitación de menores” en Paraguay que fue clausurado en el 2001 a raíz de graves violaciones a los Derechos Humanos. Era el único Instituto para chicos, en el que el 80% que estaba no tenía juicio, o sea, estaba por mera sospecha. De 1996 al 2001 fueron cinco mil aproximadamente los chicos en esta situación. Allí hubo tres incendios. La reacción del servicio de guardia cárceles fue la de no apagar los incendios, debido a que se los consideraba chicos “desechables” e “irrecuperables”. En este caso murieron por quemaduras graves 9 chicos, uno de los cuales murió por un disparo del guardia. Sobrevivieron a las quemaduras unos 35 chicos. Desde el inicio el equipo jurídico propuso que la evaluación se hiciera a toda la población que pasó por el penal. Los informes tenían que estar basados en evaluar cuáles eran las condiciones de los cinco mil niños que pasaron por el penal. Esto significaba tener datos no sólo de los chicos, sino también de los guardia cárceles y de mucha gente que pasó por ahí, psicólogos, educadores, etc. El universo también implicaba entrevistas con familiares, con sobrevivientes, con los quemados, etc. Y teníamos que seleccionar; porque era imposible llevar a testimoniar a toda esa cantidad de personas. Nosotros acordábamos con el equipo jurídico hacer un apoyo mientras tomaban las declaraciones. El pedido fue porque muchos se quebraban. Entonces teníamos reuniones previas, evaluaciones con los abogados y con todo el equipo. Y también en el momento mismo en que las personas estaban haciendo sus declaraciones estábamos presentes. Yo acompañé el peritaje porque había entrevistas que se hacían en guaraní y me pidieron que tradujera y acompañara también para evaluar las condiciones de vida. Es que se evaluaba no sólo el trato directo de personas que fueron torturadas sino también las condiciones de detención en que los tenían, cómo los trataban, cuál era el régimen carcelario, etc.
Muchas veces teníamos que orientar y explicarles lo que significa la instancia de ir a declarar ante un tribunal, lo que significa la reconstrucción y poder dar sentido al sinsentido de las cosas que pasaron que son muy difíciles de elaborar. Y sobre todo ponemos énfasis en que eso de por sí ya constituye una instancia de reparación donde ellos puedan ser escuchados, que no se limita a la cuestión de la reparación económica -para evitar falsas expectativas- y que se deposite en forma excesiva o prioritaria el sentido de reparación solamente en lo económico.
El trabajo psi también aporta un espacio de instancias reparadoras, al constituir o al establecer una escucha. La víctima tiene un acompañamiento que le permite ir reconstruyendo también su propia historia.
GG: La CIDH antes tenía “delitos contables”. Con una ecuación se calculaba la reparación económica, dependiendo en qué tipo de familia nació, si tuvo escolaridad, las notas que tuvo en el colegio, cuánto podría haber ganado si se recibía, la esperanza de vida, etc. Es una fórmula del sistema capitalista dedicado a esto.
CP: En el caso de el “Panchito López” la sentencia -que hasta el momento no se hizo efectiva-, decía que se tenía que indemnizar económicamente a los 35 sobrevivientes que sufrieron quemaduras con secuelas graves y a los familiares. La sentencia también contuvo una exigencia por parte de la Corte para que el estado cree un programa de salud mental que pueda atender a toda la población de chicos que pasó en algún momento por allí. La gran mayoría de los 35 sobrevivientes, que van a recibir un resarcimiento económico de entre 40 y 80 mil dólares, están hoy en un penal de adultos. La lista fue publicada en dicha institución y el sistema penal ya les da préstamos a cuenta de lo que van a cobrar. Tienen empeñada la vida. Si esa plata nunca llega, los matan.
GG: Por todo esto estamos escribiendo un libro para incorporar la dimensión subjetiva de la reparación, que se llamará Reparación simbólica. Nosotros decimos que todo tipo de reparación es simbólica, también la económica, porque también allí el intercambio es simbólico; estás pagando por un brazo, monedas por una vida. Nosotros consideramos que la verdadera reparación es la posibilidad de que haya justicia, que se identifique y castigue a los responsables y que se de una reparación simbólica.

Enrique Carpintero y Alejandro Vainer
 

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