¿Salud mental “a la portuguesa”?

Con el panorama político abierto después de las elecciones primarias del 11 de agosto y a la hora de recoger el guante arrojado por el Comité de Redacción de la Revista Topía para escribir un artículo sobre “el futuro de la Salud Mental en nuestro país después del 10 de diciembre”, no quedan muchas más opciones que dar por hecho que a partir de dicha fecha asumirá el gobierno pejota-kirchnerista de Alberto Fernández-Cristina Fernández. A partir de ahí intentaré elaborar una hipótesis sobre el desenvolvimiento en ese campo desde una lectura política general y de conjunto. A lo problemático que siempre resulta cualquier versión contra fáctica, para el caso, se suma que las propuestas de gobierno en el campo de la Salud Mental permanecen bajo un aparente “secreto de -futuro- Estado” en la campaña de los principales candidatos.

Sin embargo, a la hora de un pronóstico futuro de “transición”, cabe hacer un breve balance del gobierno saliente en el área de la Salud Mental, para al menos pensar de dónde va a partir el futuro gobierno entrante.

La transformación planteada en el campo de la Salud Mental cada vez más se presenta como indivorciable de una perspectiva de transformación revolucionaria de la sociedad

Gobierno Macrista en retirada y una Salud Mental en “caída libre”

La asunción del Gobierno de Macri en diciembre de 2015 se trazó la meta de liquidar mucho de lo establecido -precariamente- por el anterior gobierno kirchnerista saliente. En el verano de 2015, a semanas de asumir, Macri procedió al achique y desmantelamiento de áreas y programas encuadrados en diversas áreas de la Dirección Nacional de Salud Mental. En simultáneo, nombraba como Director Nacional de Salud Mental a Andrew Blake, un lobbista de laboratorios y corporaciones médicas quien desde prácticamente su asunción anticipó su “grito de guerra” a los artículos de la Ley 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental) que afectan el interés de las corporaciones capitalistas de empresas médicas y laboratorios (ver “La Salud Mental en la era macrista”, Topía, abril 2016).

Sin embrago, a fines de 2017 el propio Blake se vio obligado a renunciar a su cargo luego de un intento -fallido- de modificación en la reglamentación de la Ley 26.657 para adaptar su aplicación a los intereses de dichas corporaciones. El amague suscitó oportunamente un cuadro de “rebelión” de diversos colectivos, agrupaciones, asociaciones y espacios de usuarios, profesionales y trabajadores de Salud Mental que terminó tirando por la borda el intento y provocó la “renuncia” del lobbista de los pulpos farmacéuticos.

Ya comenzando el 2018 Blake era reemplazado por el tandilense radical Luciano Grasso, un referente sanitarista que dentro de sus antecedentes contaba con algunos “guiños” a la Ley de Salud Mental.

La gestión macrista en Salud Mental concluida por Grasso quedó “a mitad de camino”: ni avanzó en lo que se había propuesto (liquidación de la Ley Nacional de Salud Mental a través de una reglamentación dictaminada por las corporaciones psiquiátricas), ni mucho menos avanzó en la aplicación de la Ley.

Sus medidas más audaces no pasaron de ser un “saludo a la bandera”: en abril de este año, a través de la Resolución 715/19 de la Secretaría de Gobierno de Salud titulada “Pautas para la organización y funcionamiento de dispositivos de salud mental” se establece una serie de “recomendaciones y sugerencias” a las distintas jurisdicciones para efectivizar la sustitución de los hospitales monovalentes por dispositivos alternativos de acuerdo al artículo 27 de la Ley 26.657. Más letra muerta, al igual que el Gobierno anterior con el Plan Nacional de Salud Mental presentado en el año 2013.

El resumen de la confesión de parte en términos de fracaso de la gestión macrista queda explayado en un artículo del Diario Clarín del mes de junio de este año, donde curiosamente Grasso confiesa el fracaso acudiendo a un clásico argumento de los años dorados del kirchnerismo: la “batalla cultural” y el “rol de los medios”: “No se ha avanzado con la celeridad que hemos querido: se trata de una transición muy compleja porque requiere un cambio cultural. La sociedad ha contribuido a la estigmatización, a asociar al paciente de un hospital psiquiátrico con la locura, el encierro, el peligro, y los medios de comunicación tienen un rol importante para lograr que esto cambie”. (Diario Clarín, 23/06/19).

Sin embrago, un párrafo más abajo, el Director Nacional saliente no tuvo más remedio que agregar “el quid de la cuestión”: “Salud Mental recibe aproximadamente un 2% del total del presupuesto de Salud, tiene que incrementarse” para completar que el total anual que el Estado nacional destina a salud mental a través de su Secretaría de Salud, según el funcionario, es de unos 1.744.000.000 pesos. “El 80 por ciento del presupuesto de la Dirección va a los monovalentes…”

Gobierno F-F: ¿Salud Mental “a la portuguesa”?

Al momento de escribir estas líneas el candidato opositor Alberto Fernandez se encuentra de gira por España y Portugal, atravesando un sinfín de reuniones con empresarios, políticos y banqueros las cuales pretenden cerrar acuerdos y mostrar garantías de voluntad de pago de deuda frente a los vencimientos impagables con el FMI en los próximos 3 años. O sea, ya actúa como futuro Presidente. En su paso por la península ibérica, Fernández fue recibido por el Presidente de Portugal, el “socialista” Antonio Costa, autor del llamado “milagro portugués”.

¿En qué consistió el llamado “milagro portugués” que el futuro gobierno tomaría como modelo? El artículo de La Nación titulado “Pactar con el FMI, la meta más difícil y urgente de Alberto Fernández” (08/09/19) es por demás claro: “El llamado ‘milagro portugués’ está lejos de ser una utopía de izquierda. Costa dispuso medidas de estímulo y revirtió recortes específicos, pero aplicó una férrea disciplina fiscal (acaba de llegar al déficit cero) y cumplió en tiempo con los compromisos pactados en el rescate financiero de 90.000 millones de dólares que le dieron los organismos al gobierno anterior. No tocó la reforma laboral aprobada por la derecha en plena crisis. No volvió atrás con la reforma previsional que estiró en un año la edad jubilatoria. No volvió a tomar a los más de 50.000 empleados públicos cesanteados antes de su llegada al poder. Basta con dirigirse unas pocas líneas abajo para que el artículo de marras destaque “A diferencia de Portugal, en la Argentina ni el gobierno actual hizo las reformas exigidas por el FMI ni el favorito a sucederlo se muestra dispuesto a cumplir el pacto que viene en la herencia. Pero hay que quedarse con el elogio de Fernández a la disciplina fiscal de Costa. Fue una señal al FMI” (La Nación, 08/09/12).

La casi prometida austeridad fiscal frente a la prioridad que implica “honrar los compromisos” con el FMI no resulta ser un escenario por demás favorecedor para una expansión presupuestaria que implica una reestructuración del sistema público en salud mental indicado por la Ley 26.657 (inversión de áreas de internación en salud mental para hospitales generales, apertura de centros comunitarios, hospitales de día y noche, casas de medio camino, residencias y talleres protegidos, programas territoriales, etc.).

En la perspectiva planteada, donde el propio Alberto Fernández ya anticipa un “pacto social” con congelamiento de precios y salarios por -al menos- 6 meses, redefinición de convenios colectivos de trabajo por rama, suspensión de paritarias, austeridad fiscal como primeras medidas estratégicas de gobierno: ¿podría pensarse en un restablecimiento de los programas nacionales y territoriales en Salud Mental recortados por el Gobierno macrista apenas asumido? ¿Se reincorporarían los trabajadores y profesionales despedidos oportunamente -y anteriormente precarizados por el monotributismo del Gobierno de Cristina- por Macri? Pareciera que nada de eso podría esperarse frente a la “pesada herencia” del macrismo. El que avisa, no traiciona.

Manzur: El Futuro Llegó Hace Rato

Pero hay otro elemento que desalienta cualquier ilusión de transformación en el campo de la Salud Mental para el próximo Gobierno. El trazado de “ingeniería política” del futuro gobierno FF y una sus piezas claves: el actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Ha dejado de ser un “secreto a voces” el vínculo entre Manzur y Alberto Fernández como una sociedad política al día de la fecha de carácter “inquebrantable”. El gobernador tucumano resultó ser el “celestino” estratégico en el reencuentro entre Alberto Fernández, los gobernadores del PJ y Cristina para conformar la fórmula presidencial que -todo indicaría- resultará triunfante el 27 de octubre.

La gestión macrista en Salud Mental concluida por Grasso quedó “a mitad de camino”: ni avanzó en lo que se había propuesto (liquidación de la Ley Nacional de Salud Mental a través de una reglamentación dictaminada por las corporaciones psiquiátricas), ni mucho menos avanzó en la aplicación de la Ley

Recordemos que Juan Manzur ocupó el cargo de Ministro de Salud en el pasado Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2009 y 2015. Durante su gestión, si bien se aprobó la Ley Nacional de Salud Mental (noviembre de 2010), el actual gobernador tucumano se encargó personalmente que la reglamentación de la misma fuera “cajoneada” durante 3 años y que -luego de presiones y protestas de distintos colectivos de trabajadores y usuarios- una vez reglamentada, la misma fuera prácticamente “letra muerta” a la hora de aplicar las medidas orientadas a reformas en dispositivos.

El derrotero del actual socio estratégico de Alberto Fernández no responde a ningún capricho o simplemente a un debate de “paradigmas” en el campo de la salud mental: el editorialista Carlos Pagni no se priva de resaltar los intereses “de clase” de Manzur y su rol en el futuro gobierno. En la editorial “El Mapa de Poder de Alberto Fernández”, el autor sostiene que “…Manzur se propone como un eje del entramado de poder que rodearía a Alberto Fernández. Por ese motivo también es importante destacar la participación del Sindicato de Sanidad (ATSA), porque Manzur fue ministro de salud y a sus amigos les dice que va a tener mucha influencia en el “negocio” (sic) de la salud si Alberto Fernández llega al poder”. Agrega Pagni “…el gobernador se encuentra ligado a la industria farmacéutica, y también está muy vinculado al empresario Hugo Sigman, quién es uno de los líderes del sector” (La Nación, 17/09/19).

También, en su artículo “Los Laboratorios esperan por Fernández mientras bancan la transición”, el portal Mundo Empresarial (27/08/19) detalla que “Muchas de las empresas de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) financiaron la candidatura de Mauricio Macri en 2015, pero ahora se aferran a lo que denominan ‘un perfil industrialista’ del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. La mesa chica, que entiende que la elección no tiene vuelta atrás, está integrada por Hugo Sigman (ELEA), los Sielecki, Sebastián Bagó, los Roemmers y Gador, la firma que comanda Alberto Álvarez Saavedra, vice de la Unión Industrial Argentina (UIA)”. El artículo también -oh casualidad- refiere al rol de Juan Manzur como lobbista de los laboratorios farmacéuticos: “El albertismo tiene una ventaja técnica en el vínculo con los que producen remedios, ya que cuenta con dos interlocutores de mucho peso que juegan fuerte en la articulación. El ex ministro de Salud de Néstor Kirchner, Ginés González García; y el gobernador de Tucumán y también ex titular de la cartera sanitaria, Juan Manzur.”

Perspectivas del 2020: ¿Año de Cierre de los Manicomios?

Casualmente coinciden los primeros meses de asunción del próximo Gobierno Nacional con el año establecido en la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental (Decreto 607/13 PEN) el cual ponía como meta -de acuerdo al Consenso de Panamá adoptado por la OPS - OMS en octubre de 2010- al 2020 como “año de cierre de los manicomios y neuropsiquiátricos”.

Casualmente coinciden los primeros meses de asunción del próximo Gobierno Nacional con el año establecido en la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental el cual ponía como al 2020 como “año de cierre de los manicomios y neuropsiquiátricos”

Con el propio Manzur como Ministro de Salud de la Nación, meses después de la reglamentación, en octubre de 2013, había sido presentado oportunamente el Plan Nacional de Salud Mental, el cual indicaba que “a noviembre de 2020, el 100% de las personas con padecimiento mental que se encuentran institucionalizadas con más de 2 (dos) años en efectores públicos sean externados e incluidos en un hogar de referencia o en dispositivos residenciales comunitarios”.

Como Penélope en la Odisea de Homero, donde en plena guerra de Troya durante el día tejía un sudario para el funeral del rey Laertes y para no casarse con los pretendientes al trono destejía de noche (sin que la vieran), Manzur también en calidad de Ministro anunciaba “de día” y años atrás el Plan orientado a cerrar los llamados “manicomios” en 2020, mientras “de noche” fortalecía su vinculo con los pulpos farmacéuticos, las empresas medicinales, las corporaciones y burocracias sindicales vinculadas al negocio de la salud, todas beneficiarias de las tajadas presupuestarias del sistema hospitalario monovalente, que presionaron y boicotearon sistemáticamente y hasta el día de hoy la aplicación de muchas de las reformas contempladas en la Ley 26.657.

Por supuesto que durante los 2 años que transcurrieron entre la presentación del Plan y la salida del Gobierno de Cristina Kirchner (de octubre de 2013 a diciembre de 2015), poco y nada se hizo en pos de la meta estratégica planteada.

Cabe mencionarse también un hecho pasado que pocos recuerdan: la renuncia del primer Director Nacional de Salud Mental, Yago Di Nella, a las pocas semanas que Cristina Fernández asumiera por segunda vez la Presidencia de la Nación, en diciembre de 2011, un año después de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. El hecho nunca fue aclarado -Di Nella adujo “cuestiones personales” y meses después comenzó a criticar las políticas de Salud Mental del Gobierno del cual había formado parte hasta hacía pocos meses atrás-. No son pocos quienes off the record se aventuraron a afirmar que la renuncia de Di Nella respondía a las propias trabas que “desde adentro” (Ministerio de Salud) se ponía a la reglamentación de la Ley y a cumplimentar las medidas de desinstitucionalizacion contempladas en la misma.

En este cuadro, frente al balance del pasado y lo que hasta ahora parecería venir, quien se ilusione frente a la salida del macrismo del Gobierno con un “retorno” al kirchnerismo en los términos de un “avance” en Salud Mental tiene todo su derecho de hacerlo. Pero tanto el “prontuario” de Manzur como Ministro de Salud, su alianza política con Alberto Fernández como “socio estratégico” de las corporaciones medicinales y farmacéuticas y el ajuste “a la portuguesa” (pacto social mediante) no parecieran en una primera pasada elementos alentadores y auspiciosos como para vislumbrar un horizonte de transformaciones progresivas en el campo de la Salud Pública y la Salud Mental. Más bien todo lo contrario.

Habiendo pasado ya tres gobiernos (dos mandatos de CFK y un mandato de MM) desde la sanción de la Ley 26.657 y sin mayores novedades en relación a reformas novedosas en la Salud Mental, el movimiento de salud mental de nuestro país, los trabajadores, profesionales, usuarios y sindicatos tiene la oportunidad para hacer un balance. La transformación planteada en el campo de la Salud Mental cada vez más se presenta como indivorciable de una perspectiva de transformación revolucionaria de la sociedad.

Los grandes movimientos de estos últimos veinte años fueron: la revuelta de los estudiantes, las grandes huelgas obreras que hicieron suyas algunas de las lucha de los estudiantes, la lucha en las instituciones psiquiátricas y finalmente, uno de los más importantes, la lucha de los movimientos comunistas. Este momento hizo tener esperanzas en que el mundo pudiera cambiar. Hubo ilusiones, pero también una serie de certezas. Hemos visto, por ejemplo, que cuando el movimiento obrero toma en sus manos luchas reivindicativas, de liberación, antiinstitucionales, esta ilusión se vuelve realidad.

Franco Basaglia, Instituto Sedes Sapientae de San Pablo (Brasil), en ocasión de la conferencia del 18 de Junio de 1979 en La condena de ser loco y pobre (Ed. Topía)