Entrevista a Julio Gambina. Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
Mario Hernandez (MH): Quería comenzar esta entrevista consultándote por la nueva Ley de Riesgo de Trabajo que se sancionó recientemente.
Julio Gambina (JG): Es una ley prácticamente a pedido de la Unión Industrial (UIA). Una ley pro-patronal que venían demandando los empresarios para disminuir el costo que suponen los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, mejorando sus condiciones de rentabilidad, ya que este es un año de desaceleración de nuestra economía, en el marco de la crisis mundial donde está puesto en discusión la rentabilidad empresaria y la tasa de ganancia.
Uno podría haber esperado que con todas las críticas a las políticas neoliberales que se han sucedido desde el gobierno en estos últimos años, habría una reversión de las instituciones reaccionarias de los ’90. Una de ellas es la Ley de Riesgos de Trabajo de mediados de esa década en plena euforia menemista y ofensiva del neoliberalismo. El trabajador cobraba según la ley y también podía demandar a la justicia por los daños generales por el accidente laboral. Ahora se elimina esta posibilidad y el trabajador tiene que optar por la indemnización o por un reclamo ante la justicia.
MH: Ante la justicia civil.
JG: Exactamente. Esto significa un triunfo de las patronales. Por eso cuando uno mira políticamente quien votó y quien no lo hizo, se encuentra con la sorpresa que la votación reunió al Frente para la Victoria y al PRO, lo que se repite en la votación de ayer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde canjearon favores inmobiliarios para favorecer proyectos que tienen el gobierno de la Ciudad y el nacional. Es bastante curioso respecto de cómo se formulan los discursos, pero la Ley de Riesgos de Trabajo marca claramente ese alineamiento político del cual digo que fue a pedido de la UIA, porque la presentación de la Ley la hizo la presidenta en el Día de la Industria cuando juntó en Tecnópolis una cantidad importante de industriales, fundamentalmente de aquella entidad.
Es interesante ver cómo distintas organizaciones de profesionales del Derecho, a la cabeza los abogados laboralistas, han presentado sus opiniones ante la Cámara de Diputados y han hecho pronunciamientos públicos sobre el carácter inconstitucional de esta norma que augura un período de presentación de demandas. Esto no solo lo plantean abogados críticos del gobierno.
MH: ¿Cuáles serían los elementos de inconstitucionalidad?
JG: Va en contra de derechos planteados en la Constitución en defensa de los intereses de los trabajadores y aquélla está por encima de las normas que no pueden restringir derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna.
También es curioso que las propias centrales sindicales, aun las vinculadas a la política gubernamental, salieran a criticar la ley. El presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Héctor Recalde, histórico abogado laboralista vinculado a la CGT, especialmente a Hugo Moyano y más allá de las peleas últimas, no votó el proyecto del oficialismo manteniendo el proyecto propio que era levantado por la CGT de Moyano. Más allá de las peleas entre ellos y de los alineamientos de Recalde con el gobierno, ni siquiera obtuvo el gobierno ese tipo de apoyo. El tema de fondo es que esto apunta a disminuir el costo que tiene para las empresas la cuestión laboral, sea salario, riesgos de trabajo por enfermedad o accidente o cualquier otro costo derivado de la contratación de fuerza de trabajo generando mejores condiciones para enfrentar un momento crítico de la economía nacional y mundial.
Los gobiernos estudian cómo escaparle a la crisis con la intervención del Estado
MH: En un artículo donde comentabas la Ley de ART, paralelamente hiciste un exhaustivo análisis sobre una reforma que apunta a cambiar el mercado de capitales argentino, la reforma a la Ley de Oferta Pública. ¿Por qué darle tanta importancia a este hecho no muy conocido por la opinión pública?
JG: El tema de fondo es nuevamente la crisis de la economía mundial. Todos los gobiernos del mundo estudian cómo escaparle a la crisis, cómo sortearla y en general se asocia la crisis a problemas en el crecimiento porque tiene impactos regresivos sobre el empleo, la caída del salario, aparecen dificultades en el funcionamiento de la economía capitalista, por lo tanto, los gobiernos intentan medidas que suponen la intervención del Estado. Hablo de EE. UU., Alemania, los estados europeos en general, Japón.
MH: Me llamó la atención la introducción del impuesto a las transacciones financieras en Europa, la llamada tasa Tobin, después de 40 años.
JG: Pero muy distinto de lo que imaginaba el movimiento ATTAC en los 90.
MH: Del cual formás parte.
JG: Así es. El movimiento ATTAC mundial plantea una tasa Tobin para ayudar a los ciudadanos, para que la recaudación de un impuesto derivado del movimiento especulativo de los capitales vaya a solventar problemas de alimentación, salud, educación, mientras que la orientación de los gobiernos europeos tiene que ver con temas financieros, especulativos, de dotar de recursos a los estados. Ese es su sentido principal. Fijate que todos los estados hacen intervenir al Estado en la economía para tratar de enfrentar la situación de crisis. Digo esto porque a veces parece que es la Argentina o algún otro país de América Latina los que están fomentando un modelo de intervención del Estado. No, esta es una época en la cual explícitamente intervienen todos los estados.
MH: El FMI sostiene que la crisis durará mínimamente hasta el 2018.
JG: El economista jefe del FMI habla de una década de crisis, de 2008 a 2018, más o menos, y recién estamos transitando la mitad. En esas circunstancias el tema del mercado de capitales es importante porque para mantener activa la economía, para reactivarla, para enfrentar la desaceleración, la recesión, los estados en todo el mundo tratan de inyectar dinero. Algunos lo hacen emitiendo dinero, EE. UU. es el principal, el dueño de la moneda mundial emite los dólares que se le da la gana y además tiene quién le preste en el mundo, pero no es el caso argentino. Hace prácticamente 10 años que estamos fuera del mercado mundial, entonces no tenemos muchos ámbitos de dónde sacar dinero. Argentina lo está haciendo del Banco Central, del Anses, se estatizaron las AFJP y el mercado de capitales apunta a lo mismo.
Hay que recordar que lo mismo intentó hacer Cavallo con las AFJP cuando junto a Menem inventaron el régimen previsional privado con la idea que los trabajadores aportaran al sistema y esa masa de recursos provenientes del trabajo financiara proyectos empresariales, es decir, que ese ahorro de los trabajadores iba a financiar las empresas. Ahora se hace lo mismo.
El mercado de capitales viene de los tiempos de Onganía. Cavallo y Menem hicieron lo que quiso hacer Martínez e Hoz en 1976 y no pudieron Krieger Vasena y Onganía en la década del ’60. La ley que sale en ese momento intentaba crear un mercado de capitales para favorecer los negocios empresariales en una época en que la Argentina tenía un fuerte desembarco de capitales extranjeros, especialmente en la industria automotriz. Había que juntar el dinero excedente del ahorro argentino para favorecer a las empresas.
El mercado de capitales en nuestro país siempre ha sido bastante pequeño, Cavallo y Menem lo imaginaron gigantesco y por eso se montaron en la privatización de las jubilaciones. Ahora se pretende hacer lo mismo y se intenta una mayor intervención del Estado, incluso se trata de mostrar como algo positivo porque después de 30 años de políticas neoliberales favoreciendo el mercado y criticando al Estado parece que ahora hablar de esto suena bien a muchos oídos y la verdad es que el gobierno consigue muchos consensos políticos a partir de difundir una política que suena distinta a las hegemónicas, sea en la dictadura de Onganía o en la de Videla/Martínez de Hoz o durante el menemismo o la Alianza a fines de los ’90.
Esta mayor intervención del Estado no es una respuesta de la centroizquierda argentina, latinoamericana o mundial sino que hasta el propio Bush, en plena crisis del 2008, llegó a estatizar la General Motors y nadie puede sospechar que el ex presidente republicano de los EE. UU. fuera la expresión de una propuesta centroizquierdista, de recuperación del Estado de Bienestar o de favorecer una política intervencionista del Estado para resolver los problemas de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores, sino que el Estado capitalista actúa como muleta de un capitalismo en crisis.
Regular el mercado de capitales tiene otro lado interesante que es salir a controlar el mercado especulativo en Argentina porque aun siendo pequeño significa grandes negocios para los especuladores, por eso muchos financistas, especuladores, agentes de Bolsa y sectores vinculados al negocio accionario y de bonos, han puesto el grito en el cielo porque una actividad que hasta ahora no era controlada pasa a serlo.
Yo pongo el centro de la atención en que son medidas que le agregan mayor control al Estado, un mayor papel a la Comisión Nacional de Valores, que le quita a la Bolsa de Comercio el carácter de entidad sin fines de lucro y la obliga a pagar impuestos a partir de las nuevas recomendaciones que surgen de la ley si así se aprueba finalmente, que es lo que creo va a suceder.
Los municipios están muy entusiasmados porque hay una crisis fiscal muy importante en el país y en las provincias, y con esta reforma se pretende que tengan fuentes de financiación en el mercado de capitales local. Esto está poniendo contento a más de un intendente y un gobernador de provincia que tienen bastantes restricciones para acceder al mercado mundial de créditos y dificultades para endeudarse en el mercado bancario local, porque se crearían condiciones de financiamiento que de todos modos después habría que pagar. Toda deuda que tomen las provincias o los municipios puede ser interesante para resolver tal o cual cuestión, pero compromete los presupuestos públicos.
Fijate que ayer se aprobó el presupuesto nacional que tiene previsto U$S 8.000 millones para pagar la deuda en 2013. Lo curioso es que se dice que es un año flojo en vencimientos, pero hay que pagar un paquete gigantesco y además hay autorizaciones en el presupuesto nacional y en el de varias provincias que se han tratado en estas últimas horas, que suponen un mayor endeudamiento que, insisto, el impacto que tiene para la población es que después hay que pagarlo y si tenés que pagar deuda que contrajiste en años anteriores significa que habrá menos recursos para otras necesidades, llámense educación, salud, seguridad, empleo o cualquier otra cosa a la cual la población quiera destinar los recursos públicos.
Hay un elevado nivel de precariedad laboral
MH: Tenemos una consulta de un oyente, Leo de Ramos Mejía. ¿Por qué Julio dice crisis económica a nivel nacional si hace no menos de cinco años vengo en crecimiento laboral? Soy metalúrgico y la economía no necesita reactivarse porque lo está más que nunca. Muchas gracias.
JG: La economía argentina venía creciendo a tasas del 8/9% en los años previos. Este año está la duda en torno al 3%, por eso hablé de desaceleración, es decir, de un ritmo de crecimiento menor.
Respecto al empleo y tratándose de un metalúrgico, el crecimiento grande del empleo se dio entre 2003-6. Desde 2007 en adelante hay un estancamiento, y por primera vez en todo el período, en el último año, hay una disminución del empleo, por lo cual hay que preocuparse seriamente y adicionar que pese a las mejoras en su evolución, sobre todo en los primeros años de la etapa, hay un elevado nivel de precariedad en el trabajo, con un tercio de los trabajadores en situación irregular, con lo cual Argentina confirma, y los datos para el presupuesto del año que viene también lo indican, un crecimiento menor en la economía.
No estamos todavía en la época de gran crecimiento económico, sino que hay un proceso de desaceleración coherente y convergente con la situación de deterioro de la economía mundial de la cual somos parte.