debates

Tercer año de residencia de Salud Mental. Rotación libre. Destino: Río de Janeiro. Atraídas por la posibilidad de sumergirnos en otra cultura, donde la playa, la samba y el arroz con feijoada sustituyen al fernet, el rock nacional y las empanadas. A su vez, un contexto parecido al nuestro, atravesado por altos niveles de pobreza, desigualdad social, desempleo, crisis económica, inseguridad, narcotráfico.

Quisiera reintroducir un debate que no es nada novedoso entre psicoanalistas y detractores post-freudianos o simplemente críticos epistemólogos y científicos que posicionan a la práctica psicoanalítica como una charlatanería o pseudociencia que no merece más atención en pleno desarrollo científico del siglo XXI. Lo que hemos escuchado  desde los postulados científicos es que la  práctica analítica es  un fracaso como actualmente se plantea desde ciertos desarrollos cognitivos, científicos, conductuales, neurológicos, etc.

Continuamos esta sección de encuentros con quienes trabajan en el ámbito de la Salud Pública. Esto permite a los lectores palpar qué es lo que efectivamente está sucediendo en el quehacer cotidiano en Salud Mental. Cómo se trabaja en algunos lugares, cuáles son las problemáticas concretas. Y en este caso particular poder vislumbrar la potencia del trabajo interdisciplinario, cuestionado por sectores de poder médico psiquiátrico en la actualidad, tal como se puede leer en la Nota de Editores de este mismo número.

En una reciente comunicación institucional de parte de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), se informa a sus asociados sobre un “hecho histórico” para la institución: "…la de ser la única Sociedad Profesional Evaluadora del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, a cargo de la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de Nación, en lo que compete a las Residencias de Psiquiatría, Psiquiatría infanto-juvenil y Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental de todo el país".

La inclusión de abordajes comunitarios ha sido histórica y particularmente resistida en las prácticas de salud mental. El discurso biomédico que sostiene aún hoy la lógica manicomial, ha reducido la complejidad de los padecimientos subjetivos a nosografías estancas, confinando a los portadores de dichas “patologías” a tratamientos sostenidos en el encierro y el aislamiento. Según esta lógica, el adentro y el afuera institucional representan dos espacios que deberían permanecer acéticamente separados.

La complejidad del trabajo clínico con toda la gama que implica el abuso sexual es un desafío actual. Las particularidades de los abordajes con pacientes abusados, con abusadores y la articulación con el poder judicial son cuestiones que atraviesan e implican la producción de dispositivos e intervenciones específicas. Pero esta temática lleva a discusiones, debates y polémicas. Por ello mismo, luego del relato clínico, hemos incluido las repercusiones de este material cuando se expuso en dos instituciones de Salud Mental.

La política de Salud Mental, como parte de un proyecto político, debe definir los problemas a atender, las prioridades y los principios bajo los cuales se debe organizar la atención. El desarrollo de una política de salud mental, puede promover o violar los derechos humanos, dependiendo de cómo se formule o ponga en práctica. Por ello, la legislación en salud mental debe codificar y consolidar los principios, los valores y los objetivos, para llevar adelante un cambio de paradigma en la atención.

Así como en todo el continente, el cuidado de los pacientes mentales en Brasil se concentró a lo largo del siglo XX en los grandes hospitales psiquiátricos. Desde 1852, año de inauguración del Hospital Pedro II en Río de Janeiro, la política asilar fue hegemónica en los tratamientos de la locura.

Hace poco más de un año publiqué en estas páginas el artículo “Ley Nacional de Salud Mental: ¿Qué Estamos Discutiendo?”(Revista Topía Nº 61 de Abril 2011) donde -en el cuadro de un debate que se venía desarrollando en la Revista, inclusive previamente a la aprobación en noviembre del 2010 de la Ley 26.657-[1], me permití advertir las consecuencias “no deseadas” en la aplicación de la misma, en particular pretendiendo anticipar una particular “interpretación de la letra” por parte de las autoridades