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Banco Mundial y privatización de la educación pública

 

En 1998 el BM publicó un informe sobre Financiamiento y Administración de la Educación Superior (The Financing and Management of Higher Education) en el que presentó la agenda mundial de “reforma” educativa. Con la intención de ajustar el sistema educativo “a las necesidades actuales y futuras”, el BM siguió la ‘sugerencia’ de Frans van Vught1 -rector de la Universidad de Twente (Holanda)- al suscribir que, “…la agenda de reforma [educativa] de los 90s, y seguramente de gran parte del siguiente siglo, está más orientada al mercado que a conservar su carácter público o su planeación y regulación gubernamental.”2 Por tanto, dice el BM, los conceptos fundamentales de la nuestra Agenda son: privatización, desregulación y la orientación hacia el mercado.
Dejando de lado la larga experiencia histórica de la Universidad europea como vértice de la producción de conocimiento humanista y científico, y como figura pública, el BM asegura que la educación y la ciencia y la tecnología son mercancías, y consecuentemente deben ser manejadas a través de ‘soluciones de mercado’. Ello significa que la educación es enmarcada en un contexto de limitada oferta y que está disponible por un cierto precio.
Asimismo, si vemos en el lado de la demanda, el financiamiento de la educación adquiere una forma peculiar. Esto tiene que ver, en palabras del Banco, con el hecho de que, “…cuando el gobierno transfiere los costos hacia los estudiantes, éste debe introducir un sistema paralelo de asistencia financiera.”3 Consecuentemente, entre las medidas consideradas por el Informe del BM4 están:
a) La introducción de incrementos sustanciales en las matrículas.
b) El cobro de cuotas completas por servicios de habitación y comida.
c) Introducción de mecanismos para averiguar los recursos económicos de los solicitantes de subvenciones y préstamos
d) Ofrecimiento de préstamos para estudiantes en base a intereses de mercado.
e) Mejora del cumplimiento de pagos de los préstamos mediante la subcontratación de empresas privadas.
f) Implementación de un impuesto por derecho a graduarse a todos los estudiantes.
g) Fomentar la filantropía para la constitución de fundaciones, para operaciones directas de las universidades o para otorgar becas a los estudiantes.
h) Mejora de la calidad (sic) de la educación a través de un entrenamiento empresarial.
i) Venta de investigaciones, cursos de formación y de todos los servicios mediante contratos de concesión (contratos de servicios múltiples) o subvenciones.
j) Incremento del número de instituciones privadas con un constante decremento de aquellas de carácter público.

Una de las justificaciones del BM para implementar dicho paquete de lineamientos queda expresa de la siguiente manera: “…mucho de lo que puede parecer como la agenda de un economista neoliberal es la solución más oportuna, independientemente de cualquier cuestión ideológica. Con la creciente evasión de impuestos y con la gran dificultad de recolectarlos en un contexto de competencia por los recursos entre varias necesidades públicas, un incremento en la matrícula, el cobro de otras cuotas y el desencadenamiento del potencial empresarial del profesorado, puede ser la única alternativa frente a una austeridad que la debilita totalmente.”5
La necesidad de reducir lo que parece ser asumido como un gasto ‘no productivo’ (el gasto en educación pública), con el objeto de ahorrar dinero para otras necesidades públicas como salud, seguridad e infraestructura, se desvanece cuando se considera que el grueso de del sector público está siendo privatizado bajo justificaciones similares.
La tendencia de privatizar los activos públicos –asumida por la sabiduría convencional como la única alternativa- responde al interés privado de saquear las arcas públicas, consolidando con ello lo que se ha descrito correcta y ampliamente como la privatización de ganancias y la socialización de costos. Los montos de dinero recibidos por la privatización de los activos públicos ha sido un proceso que, particularmente en los países periféricos, lejos de estimular el incremento del gasto público en demandas sociales o en inversiones productivas prometedoras, está más bien consumiéndolo con el pago de intereses de deuda y de fraudes gestados al calor de los procesos de privatización. Por ejemplo, las carreteras de México han sido privatizadas y ‘rescatadas’ dos veces. Se ha perdido dinero al modernizarlas previamente a su remate y se ha erogado dinero al ‘comprarlas’ de vuelta frente a una multinacional declarada en bancarrota y/o que ha abandonado el país. Actualmente por cada peso de peaje que se cobran en las autopistas del país, 70 centavos van a dar al pago del llamado rescate carretero.
Lo anterior significa, en lingua franca, la privatización y desnacionalización de la infraestructura y las arcas públicas del Sur en beneficio de algunas bien identificables multinacionales del Norte que son protegidas por los gobiernos de su madre patria.
Así, considerando lo anterior, cabe señalar que al fomentar el espíritu empresarial en la Universidad, el BM está de fondo proponiendo la reducción del escaso poder que le queda a la academia y a los científicos en la definición de los planes de estudios y la agenda de desarrollo científico y tecnológico. Ahora es el ‘mercado’ el que decide sin importar si hay un divorcio entre los problemas que afectan a nuestros pueblos y las agendas nacionales de desarrollo científico-tecnológico. En este panorama conviene puntualizar que la sabiduría convencional, como la del BM, está constantemente usando un código lingüístico para encubrir los actores que están detrás de las denominadas ‘fuerzas del mercado’ y el negocio que ésas están haciendo. Como lo ha indicado James Petras, el ‘mercado’ no demanda ni exige (esa es una versión antropomorfizada de los procesos económicos), son las cúpulas de los organismos financieros como el BM, los capitalistas, los ejecutivos empresariales, los que lo hacen.
Según el BM, “…una gran confianza en las señales del mercado proporciona un cambio en la operatividad del poder de toma de decisiones no sólo desde el gobierno, pero también desde las instituciones de educación superior –y especialmente en la academia-hacia el consumidor o cliente, sea estudiante, empresa o el público en general.”6 Lo anterior debe ser visto como la campaña del BM contra la ‘Universidad tradicional’ y el supuesto ‘exceso de poder del profesorado’ con la meta final de mercantilizar la educación superior bajo la argumentación de ‘la búsqueda de la calidad y la eficiencia’.
La incompleta comercialización actual de la educación aproximadamente ya genera unos 365 mil millones de dólares en ganancias a nivel mundial. Se trata de un jugoso negocio que podría ser mayor si se llega a considerar la educación superior como una mercancía bajo el Acuerdo General de Comercio de Servicios (General Agreement on Trade in Services - GATS).7
Para lograr la mencionada calidad y eficiencia de la educación superior, el BM asegura que se requiere ‘una gran productividad’, puntualizando que, “…el principal problema de productividad en la educación superior se debe no tanto a los costos excesivos (sic) sino al insuficiente aprendizaje.”8 Por tanto el siguiente paso, según el BM, es comprometer el presupuesto de las universidades a la evaluación, comercialmente verificable, de su rendimiento.”9 Ello supone mediciones en base indicadores estandarizados que se enfoquen en criterios de interés para el ‘mercado’, es decir, primordialmente de los requerimientos del empresariado nacional y extranjero.
Por ejemplo, indica el BM, “…entre las universidades mexicanas hay una creciente conciencia de que los subsidios convencionales del gobierno no aumentaran. En cambio, [las universidades] deben ser empresarialmente emprendedoras para ganar recursos adicionales involucrando al profesorado y a los estudiantes en ese esfuerzo. Algunos departamentos ya comienzan a recibir recursos propios a partir de la venta de servicios, cursos especializados, etcétera. Incluso en algunas disciplinas donde esto era impensable, también eso ya está sucediendo por imitación.”10
En la misma dirección, el Country Assistance Strategy 2002-2006 (para México) del BM también promueve una “nueva cultura educativa” en la que, “…la participación del supervisor y los padres de familia tendrá que enfocarse menos en el proceso y más en los resultados, tal y como se mide con la publicación de calificaciones obtenidas en exámenes nacionales estandarizados.”11 ¡Todo indica que ya no es importante el contenido y el proceso de enseñanza de las nuevas generaciones!
Siguiendo las instrucciones del BM, el gobierno mexicano anunció a principios del 2004 su intención de condicionar presupuesto extraordinario a las universidades públicas a la aplicación de exámenes estandarizados de rendimiento. De cualquier modo ese presupuesto extra –indicó el gobierno- será resultado del interés del sector privado para financiar la eficiencia y la calidad de las universidades mexicanas. Vale aclarar que en realidad no se está hablando de un incremento en el gasto público en educación superior sino de su congelamiento y de su potencial reducción al tiempo que se reemplaza por préstamos privados altamente condicionados, donaciones u otro tipo de arreglos del estilo. Además, el presupuesto público remanente sería refuncionalizado porque, como el BM ha indicado, “…el gobierno mexicano está muy entusiasmado en incrementar el financiamiento del lado de la demanda -esto es, financiar a estudiantes en lugar de a instituciones con el objeto de mejorar el acceso a la educación superior.”12
Irónicamente, mientras la crisis económica se recrudece y los salarios disminuyen hasta un punto insostenible, la tendencia de privatizar la educación superior está reduciendo dramáticamente la matrícula porque las opciones públicas se están convirtiendo en opciones limitadas. Al colocar a las instituciones privadas como la alternativa restante, la educación superior está trocando en mercancía que sólo puede ser adquirida por la clase alta y parcialmente por la clase media. Es un escenario en el que el sistema de evaluación estandarizado puede ser comprendido mejor porque claramente responde a la necesidad capitalista de clasificar jerárquicamente a la fuerza de trabajo en relación al monto que el cliente (el estudiante) estuvo “dispuesto” a pagar.
En una formulación que retrata su esquizofrenia, si no es que cinismo, el BM de cuenta de las “externalidades” de su Agenda al admitir que en América Latina, “… las estadísticas indican que la proporción de estudiantes atendiendo instituciones privadas se ha duplicado en los últimos 15 años. Pero, al mismo tiempo la proporción de gente que está siendo educada a nivel nacional viene cayendo a un ritmo preocupante.”(sic)13
A lo anterior se suman otros mecanismos para vincular las universidades –e incluso a algunas instituciones de educación media y básica- con el empresariado. Muchos son los casos en los que el sector privado ya presta algunos servicios y/o financia centros informáticos, bibliotecas u otro tipo de infraestructura. Las condicionalidades de tales financiamientos son diversas y varían desde la participación del sector privado en la evaluación y actualización de planes de estudio, hasta la concesión de servicios internos (tiendas, papelerías, etcétera) y de otros de distinta índole como el manejo y reciclaje de basura.
La privatización del desarrollo de la ciencia y la tecnología es un factor que rebasa el ámbito previamente señalado ya que implica un cambio profundo al impulsarlas hacia el cumplimiento de las ‘exigencias’ del mercado. Es un asunto de la mayor relevancia que afecta de modo muy particular al Sur pero que sin embargo no excluye al Norte (tal y como la experiencia entre la Universidad de Berkeley y la multinacional Novartis lo demuestra14). La Millennium Science Initiative (MSI) del BM es un esfuerzo de ese ente para promover la privatización de esas actividades a través de apoyar y estimular la operación de sus multinacionales ‘socias’ en lo que se denomina como el “el sector del negocio educativo de los países en vías de desarrollo”. El resultado ha sido no sólo la privatización de la ciencia y la tecnología desarrollada en universidades públicas a través de la venta o cesión de derechos de patentes, sino también la desnacionalización de cualquier avance científico-tecnológico que el Sur logre.
Holm-Nielsen, especialista del BM en educación superior describe que la MSI es, “…un paraguas de préstamos a través del cual los clientes del Banco pueden mejorar su capacidad científica y tecnológica…Estos fondos varían según las necesidades y circunstancias específicas de cada país anfitrión, pero en general comparten ciertas características esenciales. Todos los proyectos del la MSI proveen apoyo puntual que se enfoca en (i) excelencia en la investigación; (ii) entrenamiento de recursos humanos; y (iii) enlace entre socios de la comunidad científica internacional y del sector privado.”15
Ese tercer punto es el meollo del asunto porque los investigadores de “alta excelencia” son precisamente aquellos que están siendo vinculados a otros proyectos pero realizados en las universidades y/o industrias del Norte (manteniendo esos últimos el control de las áreas de investigación estratégicas). Así, incluso con la participación del BM “solamente como supervisor”, su rol es mucho más que eso. El BM en realidad está consolidando un subsidio en beneficio del sector privado porque sus préstamos, desde la MSI, al final de cuentas serán pagados por las arcas públicas de los países clientes. Mientras tanto los beneficios son privatizados y en su mayoría desnacionalizados.
Entre las herramientas utilizadas por el BM, suscribe Holm-Nielsen, están: “…una variedad de mecanismos para estimular la comercialización de la investigación y para colocar a los estudiantes en la industria privada.”16 De este modo, con la transferencia de fuerza de trabajo calificada en favor de las empresas (nacionales y extranjeras) que fue formada con fondos públicos, el BM y su MSI indican que los países anfitriones han de quedarse sólo con la deuda porque la MSI no permite ningún tipo de financiamiento en infraestructura. Esta deberá ser desarrollada a partir de otros medios de financiamiento (¿Públicos? ¿Privados? ¿Ambos?) ya que entre las condiciones de los préstamos figura aquella que indica que, “…los proyectos de la MSI financiarán la desempeño de la investigación y no la construcción de edificios u otro tipo de infraestructura mayor para nuevos centros o institutos."17

Reflexiones Finales

Las implicaciones de la mercantilización de la educación son considerables porque la formación de la población está siendo crecientemente alejada de los intereses públicos nacionales. Consecuentemente, la Universidad viene perdiendo su capacidad de crítica y de generación domestica de conocimiento, todo en un marco en el que las corporaciones multinacionales y el empresariado local (en segundo plano) son colocados como “los agentes” que definen qué y cómo hacer la investigación científico-tecnológica y, qué debe y no debe enseñarse en las aulas.
En el caso del Sur, la penetración de intereses extranjeros se viene potenciando como resultado de la falta de iniciativa que ha caracterizado históricamente al empresariado periférico para estimular la consolidación de un sistema de desarrollo científico y tecnológico nacional de alta calidad. En lugar de colocar a la Universidad pública como un actor activo en el ciclo de re-producción de sus países, una estructura bien conocida por los países del Norte, la elite de poder periférica (o los country manangers del BM) viene privatizando y desnacionalizando uno de los pilares más importantes para el desarrollo y futuro de nuestros países.
Los movimientos populares, de padres de familia, maestros y estudiantes que hasta ahora han hecho frente, en una medida u otra, a la consumación del proyecto de “reforma” educativa obligadamente tendrán que seguir informándose, fortaleciéndose y creciendo, ya que dicha tendencia sólo podrá ser revertida evitando las abstracciones. Y es que es fundamental la identificación concreta de los actores y cómplices responsables, así como de las estrategias implementadas y los beneficiarios ya que, desde su perspectiva, las instituciones públicas de educación e investigación son percibidas, al igual que otros activos estratégicos del país, como un jugoso negocio que se antepone a cualquier consideración o limitación de carácter social.
En este sentido, es primordial retomar los instrumentos de toma de decisión, crecientemente enajenados a favor de instituciones como el BM por medio de la condicionalidad atada a todas las líneas de crédito; siendo necesaria una rearticulación de la política económica en función de parámetros nacionales que representen los intereses de las mayorías.

 

Gian Carlo Delgado-Ramos
Economista mexicano con grado de magister en Economía Ecológica y Gestión Ambiental. Miembro del programa “El Mundo Actual” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias (Ceiich) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es candidato doctoral del Instituto de Ciencia y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. E-mail: giandelgado [at] gmail.com

John Saxe-Fernández
Catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Coordinador del Programa “El Mundo Actual” del Ceiich, UNAM. Miembro del Consejo Nacional de Investigadores de México, articulista del periódico mexicano La Jornada y, miembro de varios consejos editoriales de revistas especializadas de México y el extranjero.
Autores de “Banco Mundial e Imperialismo”
(Centro Juan Marinello. Cuba, 2004; Popular. Madrid, 2004)

Notas
1.  Frans van Vught, “Autonomy and Accountability in Government/University Relationships” en; Jamil Salmi and Adriaan Verspoor, Eds. Revitalizing Higher Education. London. Pergamon Press. 1994.
2.  Johnstone D. Bruce.The Fiancing and Management of Higher Education: a status report on worldwide reforms. World Bank – State University of New York at Buffalo. 1998.
3.  Ibid: 7.
4.  Ibid: 5, 7.
5.  Ibid: 5. Las cursivas son nuestras.
6.  Ibid: 5.
7.  Avilés, Karina. “Sería un grave error dejar la educación al libre comercio: De la Fuente.” La Jornada. México. 29 de junio de 2004.
8.  Johnstone, 1998. Op cit: 6.
9.  Ibidem.
10.  Ibid: 17.
11.  World Bank, Country Assistance Strategy. Reporte No. 23849-ME Washington. 19 de abril de 2002: 12.
12.  Johnstone, 1998. Op cit: 11.
13.  Johnstone, 1998. Op cit: 14.
14.  En noviembre de 1998, el Colegio de Recursos Naturales de la Universidad de California en Berkeley firmó un contrato controversial con la corporación multinacional Novartis (ahora Syngenta) en el que la Universidad concedía todos los derechos de patente a la multinacional sobre cualquier descubrimiento efectuado por el Departamento de Biología de plantas y microbios, todo a cambio de 25 millones de dólares. La coalición de “Estudiantes por una Investigación Responsable” -Students for Responsable Research- fue y es uno de los principales actores en la pelea contra el acuerdo y, en general, en contra del proceso de privatización de la Universidad de California.
15.  Holm-Nielsen, Lauritz. “Promoting science and technology for development. The World Bank’s Millenium Science Initiative.” First International Senior Fellows Meeting. The Wellcome Trust. Londres, Reino Unido. 2002: 3.
16.  Ibid: 3-4.
17.  Ibid: 4.

 
Articulo publicado en
Marzo / 2005

Boletín Topía

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