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La política en el estudiantazo cordobés

 

A fines de julio del 2010 un oscuro y desconocido anteproyecto de Reforma de la Ley de Educación Provincial se presentaba a los docentes cordobeses en forma de Jornada institucional “de consulta”: en pocas horas éstos debían expedirse sobre más de 100 artículos completando una grilla con “si” o “no” y agregando algún comentario en un breve espacio adicional. Los directores de escuelas contaban luego con 48hs para sistematizar y elevar las propuestas ya que a partir del 1 de agosto el Ministerio de Educación no recibiría comentarios. La redacción del anteproyecto no tuvo como protagonistas ni a docentes ni alumnos: la UEPC (gremio docente mayoritario cordobés, afín al gobierno) junto con el Consejo Provincial de Políticas Educativas (CPPE) creado por el gobernador Juan Schiaretti, elaboraron el monstruo. Es que al CPPE lo integraban, entre otros actores, las fundaciones Arcor y Minetti, el Consejo Católico para la Educación de Córdoba, Universidades privadas (Católica de Córdoba, Empresarial Siglo XXI, Blas Pascal) e incluso nacionales (UNC, UNVM), cuestión que le otorgó ribetes impensables…¿Qué salió de esa alianza sospechada de pluralismo progresista?

 

Por ejemplo, en sus artículos 11 y 35, el anteproyecto planteaba la inclusión de educación religiosa opcional en escuelas públicas. El artículo 11 explicita que es un derecho de los padres “… que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieran optado”. El art. 46 menciona como un deber del Ministerio de Educación “el propiciar la firma de convenios de colaboración mutua entre las autoridades educativas con los sectores de la producción y el trabajo”. El artículo 19 titulado “Calidad de la Educación”, designa la obligación del gobierno provincial a instrumentar políticas necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación, entre ellas, la “renovación de la forma de organización y de gestión de instituciones educativas” y la asignación de recursos físicos y financieros en los que se integren de igual manera “aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones”. En este artículo no se especifican las “políticas necesarias” que renueven las formas de organización y gestión, y a continuación establece la posibilidad de que el sector privado contribuya financieramente en la educación pública. De la misma forma, el artículo 107 ubicado en el capítulo referido al financiamiento de la educación, establece que una ley especial determinará los recursos con que contará el sistema educativo, sin especificar cuándo se creará esta ley ni sus características. El art. 89 menciona que “representantes de los distintos organismos comprometidos con la temática, a quién el ministerio de educación o quien él designe podrá cursar las invitaciones pertinentes”, integren el Consejo Provincial de Políticas Educativas (CPPE). Es decir, el anteproyecto estaba plagado de ambigüedades y/o dejaba las puertas abiertas a la intromisión de la educación religiosa, al sector privado promocionando pasantías y prácticas a tono con modalidades de contratación precaria, pero además existían otros artículos que por razones de espacio no desarrollaremos y que claramente establecían como no obligatorio el derecho estudiantil a organizarse en centros de estudiantes, o la declaración explícita en el acápite sobre educación sexual de la defensa del “derecho a la vida” justo en un momento en que las discusiones por la legalización del aborto avanzaban en la sociedad argentina.[1] Es de comprender a esta altura el matiz claramente político que cobró fuerza en el estudiantazo cordobés, toda vez que las consignas, los reclamos y las protestas estudiantiles denunciaban a la Iglesia católica más allá de la Ley, a las empresas privadas que precarizan el trabajo, al poder político que encubre no tan sutilmente toda posibilidad de politización precoz de los jóvenes, al reaccionario intento de desplazar la discusión sexual bajo el mote del “derecho a la vida”, y un largo etcétera…         

 

No es dato menor que el anteproyecto avanzó de la mano de su principal propagandista, el Ministro de Educación provincial Walter Grahovac, ex secretario general de la UEPC desde fines de los ’80 hasta la asunción de Schiaretti, quien lo nombró en su gabinete.

 

Pero el anteproyecto así gestado chocó con una feroz resistencia estudiantil. En efecto, las adormecidas bases docentes fueron rebasadas por una protesta estudiantil que creció rápidamente al calor de pequeños debates y talleres en las aulas auspiciados por unos cuantos profesores descontentos que coincidían con otros tantos descontentos estudiantiles previos; es que por abril del 2010 existió una breve experiencia de discusión entre ellos sobre una eventual modificación de los Estatutos de los Centros de Estudiantes Secundarios que colocaba como máxima autoridad de los mismos a las direcciones de las Escuelas. Ese debate truncó, pero el de la Ley creció.

 

Nutridos y animados por las crecientes formas festivas que adquieren las coloridas marchas de aniversario del 24 de marzo (a estas alturas, un clásico estudiantil) y la que recuerda la Noche de los Lápices, la caída de techos de uno de sus mayores establecimientos (el colegio Alejandro Carbó) y el deterioro edilicio generalizado puso sobre el tapete la discusión del supuesto “Plan de obras” del gobernador Schiaretti, un plan absolutamente inoperante. Junto a ello el clima de protestas que ya se respiraba en Buenos Aires hizo el resto: las tomas estaban cerca y bastó la conjunción de miles de estudiantes de varios establecimientos -públicos y privados- en asamblea para que la medida a tomar sea esa, la mejor conocida… así es que a fines de setiembre más de 20 colegios secundarios cordobeses estaban tomados.

 

Sí, dije asambleas: el tono general, si es que vale la interpretación de lo sucedido, fue ese: a la par de los Centros de estudiantes, y en la mayoría del proceso, las asambleas de base estudiantiles lideraron la movilización ¿Dato menor?, Decididamente no. Tampoco era posible escuchar “voceros” o “referentes”; los asambleístas anoticiaban a los cordobeses mediante comunicados sin permitir las mediaciones de los grandes pulpos informativos como LV3 o la Voz del Interior que a coro gritaban “acá no hay orden”, “¿qué es lo que quieren?”, “¿hasta dónde están dispuestos a ir?”. Otro dato: no prestarse al falso juego comunicacional y elaborar el propio discurso mediante la creación de sus propios medios: pase y vea estudiantazocba.blogspot.com

 

Activistas, claro, y muchos. Pero la izquierda partidaria clásica no pudo acaudillar el movimiento, y en donde guardaba cierto peso sólo provocó una fractura interna…Otro dato.

 

Entre los establecimientos educativos tomados destacaban los colegios: Alejandro Carbó, Jerónimo Luis de Cabrera, Manuel Belgrano, Instituto Córdoba, San José, Ipem 270, Ipem 249, Ipem 92, Ipem 16, Garzón Agulla, Deán Funes, Waisman, Agustín Tosco, Zípoli, el Instituto Manuel Belgrano y el Ipem 9 de Santa Isabel) más cuatro terciarios de la Ciudad de las Artes y tres pabellones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Se sumarán con el tiempo las escuelas de Trabajo Social y Comunicación Social, ambas de la UNC. Con el correr del conflicto una divisoria de aguas marcó las dos alas de la protesta estudiantil, una que buscaba la reforma de la ley, la otra la anulación. La primera estaba muy condicionada con el brazo político partidario que la sostenía, mientras que la segunda expresaba las bases estudiantiles que en alianza con los universitarios sostuvieron la protesta incondicionalmente.

   

A pesar de que las tomas estudiantiles comenzaron en los colegios secundarios, no fue caprichoso que las tomas llegaran a Ciudad Universitaria: allí también en un proceso más reducido y subterráneo los estudiantes venían denunciando la intromisión de la policía contratada por la UNC en las asambleas y reuniones estudiantiles y un aumento en el número de becas. Cuando tras una lluvia se cayeron pedazos de techos de varias aulas, la toma se instaló en la Facultad de Filosofía. Y mostró lo invisible: la profunda intolerancia del progresismo académico hegemónico. Es que la toma llegó iniciado el 2do mandato de Carolina Scotto, la flamante primera mujer en ser rectora de la UNC en toda su larga historia. Con el apoyo de la mayoría de los docentes y de grandes agrupaciones estudiantiles dominantes en la UNC, la hegemonía scottista parecía, paradójicamente, un nicho seguro y aislado de los conflictos sociales, y cuya aparente calma descansaba en un discurso de lo políticamente correcto sostenido por la indiscutible trayectoria académica de Scotto. Una buena gestión. Pero la gestión no tolera, por ser contraria a su propia naturaleza, que las cosas no funcionen, es decir, no deja espacio a la política. Los reclamos deben canalizarse por vías institucionales. Los reclamos deben respetar las autoridades. Todo lo que pase por encima –o por debajo- es destituyente y atenta contra algo tan extraño como la “ciudadanía universitaria”. La toma de pabellones de Filosofía y las de Trabajo Social y Comunicación desenmascararon las cosas pues también allí asambleas de base desplazaron centros de estudiantes gestionistas y despolitizados instalando el debate político que rozó el mismo derecho a la protesta. Claro que este episodio apenas salio en los diarios, pero para los secundarios el apoyo desde ciudad universitaria fue vital, pues inyectó fuerzas y generó un espacio de solidaridad y discusión. Y por supuesto, otra discusión fue la participación activa de la UNC en la elaboración del anteproyecto…hasta que las autoridades se vieron en el apriete de salir a declarar que rechazaban el anteproyecto de ley.

              

Los medios de comunicación simplificaban la lucha diciendo que era “una réplica de las tomas iniciadas en Buenos Aires”, rotulando a los estudiantes como seguidores de una moda. Se ha dicho también que son “jóvenes anarcos” luchando por algo ilegítimo, sin tener objetivos claros, que se encuentran en medio de “un jubileo” y de “una revolución hormonal”. También que los estudiantes sólo luchan por cuestiones edilicias; frente a esto, por ejemplo, la asamblea de alumnos del Colegio Manuel Belgrano (uno de los más grandes y movilizados) respondió:

 

“…si bien este es un punto muy importante debido al evidente estado deplorable de varios colegios, nuestros reclamos son mucho más profundos. Nuestra lucha se está dando en un marco nacional y tiene un antecedente de más de 15 años a la par de reivindicaciones docentes, y si se mantiene vigente es porque nunca se recibieron respuestas que satisfagan la demanda de manera estructural. Es por esto que creemos que es tiempo de que el estudiantado actúe en conjunto, tanto con colegios de Buenos Aires como de Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán; tanto provinciales como nacionales.
Por otra parte, queremos desmentir la presencia de partidos políticos en la toma de decisiones de nuestra lucha. Las asambleas que se dieron en nuestro colegio los días 28 y 29 de septiembre sólo tuvieron la convocatoria de la mayoría de los alumnos del mismo establecimiento; nunca se dio un contacto con partidos políticos ni se buscarán…” (Comunicado de la Asamblea de Alumnos de la Escuela, 1 de Octubre de 2010, Córdoba).

 

Quizá por gestarse en el interior del país los reclamos, demandas y el tono de la revuelta es algo diferente. El mismo comunicado, que lo recortamos para ilustrar mejor la situación y porque es bastante representativo del pensar del estudiantado secundario actual, se expresa así sobre el fenómeno de las tomas:

 

“… es la expresión de un movimiento estudiantil que se organizó en el contacto con la realidad de la Educación Pública. Una realidad en la que la educación, lejos de ser un derecho, es pensada como un gasto, donde los educadores son considerados como empleados y su salario como un costo, donde los estudiantes somos consumidores y productos para un mercado. Esta es la concepción a la que el movimiento estudiantil se enfrenta en conjunto, sin distinguir jurisdicciones y considerándonos parte de un mismo sistema educativo y de la misma sociedad (…)

Nuestra lucha es creativa y generadora de conciencia participativa. A este sistema educativo le oponemos la alternativa que construimos día a día: pensamos y creamos una educación que sea crítica e integral. Crítica para formarnos como sujetos capaces de tener incidencia en la realidad social y comprenderla de manera autónoma. Integral para poder construir nuestra propia identidad con libertad para elegir el porvenir que queremos. Este es el espíritu de nuestra lucha, este es el proyecto que respalda nuestras reivindicaciones…”

 

A medida que las tomas se expandían y reforzaban salieron a la luz los argumentos ideológicos de sus detractores. El gobernador Schiaretti, jaqueado por un conflicto inesperado y que ganaba simpatías en amplios sectores sociales salió por los medios y espetó una frase que quedó para la historia: “respaldar las tomas es antidemocrático y profascista” (La Voz del Interior, 8-10-2010). Lunes 10 de octubre Walter Grahovac sostenía: “Lo que lamento es que no comprendan cuáles son los mecanismos de la democracia”.

 

Durante la segunda semana de octubre los estudiantes firmaron un acuerdo con el Ministerio de Educación por el cual se estableció un plazo para que el Gobierno provincial presente un plan de obra completo a los alumnos. Además, los estudiantes podrían debatir la Ley de Educación a partir del 14 de Octubre hasta el 28 de octubre, para presentar después propuestas en la Legislatura. Sin embargo, el 15 de diciembre la Ley entraba a la Legislatura y era aprobada por el oficialismo provincial y nacional sin modificar varios artículos polémicos como el del financiamiento y la educación religiosa. De allí la enorme represión a los estudiantes descontentos y que sí se vio en todos los medios nacionales.    

 

Lejos de representar una réplica del movimiento estudiantil porteño, de limitarse a demandas edilicias o de ser una revuelta “hormonal” pasajera (una de las tantas caracterizaciones lanzada por la prensa cordobesa), el movimiento estudiantil que protagonizó de setiembre a diciembre del 2010 el denominado “estudiantazo cordobés” contiene en sus entrañas un profundo sentido político democratizador que pocos quisieron o soportaron ver prefiriendo, en cambio, sepultarlo dentro de la maraña simbólica y confusa del año que pretendió transformarse en puro festejo del Bicentenario argentino. Larguemos una hipótesis en busca del sentido de estas cosas: al igual que los movimientos de protesta o reivindicativos que pueden encontrarse en variados colectivos de trabajadores precarizados, comunidades de pueblos originarios, o de personas en busca de un lugar para vivir por toda la argentina, entre tantos otros fenómenos de lucha social, el movimiento estudiantil expresaría una segunda oleada democratizadora que revelaría en su emergencia las grietas socioculturales de la democracia liberal consolidada en la argentina de las últimas décadas. La primera ola correspondería al largo derrotero pos dictatorial: la puesta en escena de la lucha por los derechos humanos, por la consolidación del sistema democrático, y la vida política callejera renacida de las cenizas del neoliberalismo hicieron un primer trayecto beligerante cuyo cierre simbólico está en el ya mítico diciembre del 2001. Y una nueva generación parió justo allí: la de los jóvenes que protestan por la precarización laboral, la que enfrenta y odia a la policía en movilizaciones y recitales de rock, la que emprende viajes iniciáticos por Latinoamérica, la que conoce muy bien los principios de la autogestión, la que practica con similar entusiasmo la diversidad sexual, la horizontalidad política y la asamblea, la que ignora la autoridad de la Iglesia y otras tantas verduras institucionales modernas porque conoció entre otras noticias el destape de la pederastia…Ésta es la generación que sale a las calles y enfrenta no sólo las balas policiales sino también la balacera discursiva que se enquistó en el progresismo argentino a título de “ciudadanía bienpensante”, y que supone que la conflictividad de las sociedades humanas actuales (profundamente capitalistas) se tramita mediante “canales de diálogo institucionales”. Los que lo ignoran se transforman automáticamente en inadaptados.

 

Al momento de terminar estas líneas el Plan de obras de refacción de colegios está retrasado, y los estudiantes comenzaron a hacerse escuchar nuevamente.

 

 

[1] Ver Etchichury, Horacio “Algunos elementos sobre el debate del Anteproyecto de Reforma de la ley 8113”, y “Educación y trabajo”, de Roitman, Susana. Ambos en http://estudiantazocba.blogspot.com

 

Fernando Aizicson,

Historiador. Docente de la Universidad Nacional de Córdoba
feraizic [at] gmail.com

 
Articulo publicado en
Abril / 2011

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