Se cumple un año de la sanción de la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del embarazo. Su implementación ha sido muy heterogénea a lo largo de todo el país, en los distintos subsistemas de salud y en cada institución. Mucho tuvo que ver con los caminos previamente recorridos a lo largo de los últimos años en la lucha por el acceso a la Interrupción legal en el marco del artículo 86 del Código Penal. En la Ciudad de Buenos Aires, la práctica ya se garantizaba en todas las instituciones del subsistema público[1] pero no así en los sectores de obras sociales y privados. Por lo que una tarea importante se presentó para trabajar también en esas áreas.
Las consejerías pueden ser llevadas a cabo de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria, como también por una/e/o profesional. Quienes realizan las consejerías son profesionales de diferentes disciplinas del área biomédica y/o psicosocial