Desmanicomialización y lucha de clases: notas críticas a dieciséis años de la Ley Nacional de Salud Mental

A 16 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), el debate sobre la salud mental ocupa un lugar cada vez más visible en la agenda pública argentina. Sin embargo, este proceso convive con una fuerte ofensiva conservadora que cuestiona los principios antimanicomiales conquistados durante las últimas décadas y promueve respuestas centradas en la medicalización, el paradigma de la peligrosidad y el fortalecimiento del dispositivo manicomial.

Lo manicomial constituye una lógica social de segregación, disciplinamiento y exclusión que atraviesa instituciones, prácticas y discursos mucho más amplios que el propio manicomio.

La sanción de la LNSM en 2010 constituyó una conquista histórica del movimiento antimanicomial, de trabajadorxs de la salud, organismos de derechos humanos, colectivos culturales, agrupaciones de usuarixs y familiares que durante décadas denunciaron las condiciones de violencia, segregación y vulneración de derechos producidas por el sistema manicomial. No obstante, dieciséis años después, la política de desmanicomialización continúa siendo un proceso profundamente incompleto, atravesado por fuertes contradicciones políticas, institucionales y sociales.

Desde nuestra perspectiva, los límites en la implementación de la ley no pueden explicarse únicamente por la insuficiencia presupuestaria o por problemas técnico-administrativos. La persistencia de lógicas manicomiales remite también a relaciones de poder, intereses corporativos y formas históricas de concebir la locura, el sufrimiento psíquico y la diferencia subjetiva en las sociedades capitalistas contemporáneas.

En este sentido, consideramos que el problema manicomial excede ampliamente la existencia de hospitales psiquiátricos. Lo manicomial constituye una lógica social de segregación, disciplinamiento y exclusión que atraviesa instituciones, prácticas y discursos mucho más amplios que el propio manicomio.

El presente trabajo busca aportar algunas notas críticas sobre los alcances, límites y desafíos del proceso de desmanicomialización en Argentina a dieciséis de la LNSM, retomando debates históricos del movimiento antimanicomial, desde una perspectiva vinculada a la lucha de clases y a la transformación social más general.

1. El manicomio como institución social

Partimos de una definición fundamental: el manicomio no cura. La institución manicomial no es simplemente un dispositivo sanitario deficiente o atrasado que podría funcionar mejor con más presupuesto, mejores profesionales o reformas administrativas. Su lógica histórica no ha estado orientada centralmente al cuidado, sino al encierro, la segregación y el control social de determinados sectores considerados peligrosos, improductivos o incapaces de adaptarse a las normas sociales dominantes.

Desde sus orígenes modernos, el manicomio funcionó como una institución destinada a separar de la vida social a quienes padecen determinados sufrimientos psíquicos, privándolos muchas veces de su libertad de manera prolongada y sometiéndolos a prácticas de vigilancia, disciplinamiento, patologización y medicalización. En este sentido, la lógica manicomial no constituye solamente una forma de tratamiento, sino también una forma específica de administración de la diferencia social y subjetiva.

Por ello, la lucha antimanicomial no tiene que ver con “humanizar” o modernizar los hospitales psiquiátricos. El problema de fondo no consiste en volver más eficiente el manicomio, sino en construir formas alternativas de abordaje que tengan como horizonte efectivo el cuidado, la autonomía subjetiva, la integración comunitaria y la restitución de derechos.

Sin embargo, reducir el problema manicomial exclusivamente a la existencia de hospitales psiquiátricos implicaría simplificar una problemática mucho más amplia. Lo manicomial excede los muros del hospital y atraviesa prácticas, discursos e instituciones sociales diversas. La asociación entre locura y peligrosidad, la patologización de la diferencia subjetiva, la medicalización creciente del sufrimiento y las formas de segregación hacia quienes padecen sufrimientos mentales forman parte de mecanismos sociales que persisten incluso por fuera de las instituciones monovalentes.

El problema de fondo no consiste en volver más eficiente el manicomio, sino en construir formas alternativas de abordaje que tengan como horizonte efectivo el cuidado, la autonomía subjetiva, la integración comunitaria y la restitución de derechos.

En este sentido, la desmanicomialización no puede pensarse únicamente como el cierre de los hospitales psiquiátricos —aunque éste constituya un aspecto fundamental de la lucha antimanicomial— sino como una transformación más profunda de las formas sociales, culturales e institucionales mediante las cuales se construyen determinadas ideas de normalidad, peligrosidad y padecimiento subjetivo.

Diversas corrientes críticas en el campo de la salud mental —particularmente a partir de la experiencia impulsada por Franco Basaglia en Italia— cuestionaron el carácter biologicista y reduccionista del modelo médico hegemónico. Desde estas perspectivas, los padecimientos psíquicos no pueden comprenderse exclusivamente como fenómenos individuales u orgánicos aislados de sus determinaciones sociales, históricas y materiales.

Esto no implica negar la existencia de dimensiones biológicas en el sufrimiento mental ni desconocer la utilidad que determinados abordajes psiquiátricos pueden tener en situaciones específicas. El problema aparece cuando el padecimiento subjetivo queda reducido exclusivamente a una alteración neuroquímica individual, invisibilizando las condiciones sociales y materiales que intervienen en su producción.

Basaglia advertía que la experiencia de la locura se encuentra profundamente atravesada por las desigualdades sociales y las relaciones de clase. En las sociedades capitalistas, las formas de enfermar, tratar y transitar el sufrimiento mental no son iguales para todos los sectores sociales. La institucionalización manicomial afectó históricamente de manera predominante a los sectores más empobrecidos y excluidos de la clase trabajadora, sobre quienes recae simultáneamente el estigma asociado a la locura y las condiciones materiales de la desigualdad social.

2. Genealogía de la lucha antimanicomial

La crítica a las instituciones manicomiales adquirió fuerza internacional durante la segunda mitad del siglo XX, en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales, políticas y culturales. Las experiencias traumáticas de la posguerra, el surgimiento de movimientos contraculturales y las críticas a distintas formas de disciplinamiento institucional impulsaron una revisión profunda de las prácticas psiquiátricas tradicionales y de las condiciones de encierro en los hospitales psiquiátricos.

En ese marco emergieron diversas corrientes críticas agrupadas posteriormente bajo la denominación de antipsiquiatría, aunque con posiciones teóricas y políticas heterogéneas. Más allá de sus diferencias, estas experiencias compartían una crítica común a la psiquiatría tradicional como dispositivo de control social y cuestionaban las formas de segregación y violencia institucional presentes en los manicomios.

Entre las experiencias más influyentes se encuentra la impulsada por Franco Basaglia en Italia. A partir de su trabajo en los hospitales psiquiátricos de Gorizia y Trieste, Basaglia denunció públicamente las condiciones de violencia y deshumanización producidas por la institución manicomial, promoviendo una transformación radical de las prácticas en salud mental que culminó con la aprobación de la Ley 180 en 1978, conocida como Ley Basaglia, que estableció el cierre progresivo de los manicomios en Italia.

La disputa nunca fue únicamente técnica o presupuestaria. Se trataba de una pelea política por el control del sistema de salud mental y por las formas mismas de concebir el sufrimiento psíquico, la locura y el cuidado.

La experiencia italiana tuvo un impacto decisivo en los movimientos antimanicomiales de América Latina y particularmente en Argentina, no solo por su propuesta de sustitución de los hospitales psiquiátricos por dispositivos comunitarios, sino también por su crítica política a las relaciones entre locura, exclusión social y desigualdad de clase.

En Argentina, las transformaciones en el campo de la salud mental comenzaron a desarrollarse con mayor fuerza hacia fines de la década de 1950 y durante los años sesenta, en paralelo a procesos internacionales de renovación teórica y sanitaria. La creación del Instituto Nacional de Salud Mental, la apertura del Servicio de Psicopatología del Hospital Lanús y la creación de la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires formaron parte de un proceso más amplio de desplazamiento progresivo del paradigma exclusivamente manicomial hacia abordajes comunitarios, interdisciplinarios y preventivos.

Durante las décadas siguientes se desarrollaron diversas experiencias grupales, comunitarias y territoriales tanto dentro como fuera de los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, la última dictadura cívico-militar interrumpió violentamente gran parte de estos procesos, persiguiendo prácticas colectivas y profundizando la privatización y mercantilización del sistema de salud.

Ya en democracia, el movimiento antimanicomial argentino continuó desarrollándose a través de múltiples experiencias impulsadas desde el campo de la salud, los derechos humanos, el arte y la cultura. Experiencias como el Frente de Artistas del Borda, Radio La Colifata, los congresos latinoamericanos de arte y desmanicomialización y distintas redes de arte y salud mental contribuyeron a visibilizar las condiciones de vida dentro de los manicomios y a disputar socialmente las formas dominantes de representación de la locura.

A comienzos de los años 2000, las denuncias públicas sobre las violaciones a los derechos humanos en instituciones psiquiátricas —particularmente a partir del informe Vidas Arrasadas elaborado por el CELS— impulsaron un proceso de debate político y social que desembocó en la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010.

3. De la farsa kirchnerista a la tragedia libertaria

Para realizar un balance serio de la situación actual, resulta indispensable identificar a los sujetos políticos que participaron tanto en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental como en su posterior incumplimiento, así como en la administración de los recursos que permitían —o impedían— su aplicación efectiva.

Decimos farsa porque durante los gobiernos kirchneristas la LNSM funcionó muchas veces bajo una lógica de apariencia sin sustancia. Si bien su sanción en 2010 constituyó una conquista histórica del movimiento antimanicomial, el discurso progresista no se tradujo en una transformación estructural del sistema de salud mental.

El encierro y el aislamiento no son respuestas sanitarias, sino económicas.

Llevar adelante la desmanicomialización hasta sus últimas consecuencias implicaba confrontar con intereses profundamente arraigados en el sistema de salud: corporaciones médico-psiquiátricas, industria farmacológica, clínicas privadas, obras sociales y múltiples actores económicos beneficiados por la medicalización y la cronificación del padecimiento mental. La disputa nunca fue únicamente técnica o presupuestaria. Se trataba de una pelea política por el control del sistema de salud mental y por las formas mismas de concebir el sufrimiento psíquico, la locura y el cuidado.

Por eso, el incumplimiento no puede explicarse sólo por falta de presupuesto, aunque ese aspecto sea decisivo. Lo que no existió fue una decisión política de desatar el proceso de movilización social que hubiera sido necesario para transformar de fondo el sistema de salud mental. Una reforma estructural de esa magnitud requería apoyarse en trabajadorxs, usuarixs, familiares, organismos de derechos humanos, experiencias comunitarias y movimientos antimanicomiales para enfrentar a los sectores que sostienen material e ideológicamente el viejo modelo.

En lugar de eso, lo que predominó fue una administración contenida de la ley: reconocimiento formal de derechos, discurso antimanicomial y avances normativos, pero sin la fuerza social ni la confrontación política necesaria para modificar las bases económicas, institucionales y culturales del sistema manicomial.

Sobre ese terreno avanzó luego la tragedia libertaria. El mileísmo —y antes el macrismo— aprovechó la frustración acumulada y el incumplimiento histórico para responsabilizar a la propia LNSM por la crisis del sistema de salud mental. Aquello que había sido presentado como solución progresista terminó siendo usado como chivo expiatorio para justificar una contrarreforma manicomial, como la que estamos viendo actualmente con la propuesta del gobierno de modificar la LNSM.

Esta ofensiva, disfrazada de “restaurar el orden” frente al mito de la peligrosidad, persigue objetivos concretos: devolver centralidad a respuestas represivas y securitarias, recomponer el poder de las corporaciones médicas, reforzar la medicalización como tratamiento central, desfinanciar el sistema público y volver a invisibilizar a lxs locxs, internxs y padecientes como sujetxs de derecho.

Los ataques a las RISaM y al Hospital Laura Bonaparte expresan con claridad esta orientación. No estamos ante una mera disputa presupuestaria, sino ante una pelea por el modelo mismo de salud mental que debe regir en la sociedad.

4. Más allá del principio presupuestario

Un presupuesto no es solamente un número: expresa siempre una determinada jerarquía de intereses y prioridades políticas. En este sentido, el artículo 32 de la Ley Nacional de Salud Mental establecía que el presupuesto destinado al área debía alcanzar progresivamente un piso del 10% del presupuesto total de salud. Sin embargo, desde la sanción de la ley hasta la actualidad, ese objetivo nunca fue cumplido.

Distintos informes elaborados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) muestran que la inversión en salud mental se mantuvo históricamente muy por debajo de lo establecido por la propia ley. Incluso en sus momentos de mayor asignación presupuestaria, los recursos destinados al área resultaron insuficientes para desarrollar una red comunitaria integral capaz de sustituir efectivamente el modelo manicomial.

La falta de presupuesto tuvo consecuencias concretas: escasez de dispositivos sustitutivos, ausencia de políticas habitacionales y laborales para personas externadas, precarización de trabajadorxs de salud mental, insuficiencia de equipos interdisciplinarios y persistencia de hospitales monovalentes funcionando bajo lógicas asilares.

Ahora bien, reducir las limitaciones de la desmanicomialización a un problema exclusivamente presupuestario implica simplificar una disputa mucho más profunda. La aplicación integral de la LNSM suponía confrontar con intereses materiales y estructuras de poder profundamente arraigadas en el sistema de salud.

Porque desmanicomializar no significa únicamente cerrar manicomios. Significa también luchar por una sociedad sin manicomios… y sin clases.

La desmanicomialización implicaba disputar el poder de las corporaciones médico-psiquiátricas, cuestionar el negocio de la medicalización sostenido por la industria farmacológica y avanzar sobre sectores privados beneficiados históricamente por la internación prolongada y la fragmentación del sistema sanitario. No se trataba únicamente de redistribuir partidas presupuestarias, sino de transformar relaciones de poder consolidadas durante décadas dentro del campo de la salud mental.

Por eso, el problema nunca fue solamente financiero. Llevar adelante una transformación estructural del sistema requería desarrollar una fuerza social capaz de sostener ese enfrentamiento. Aplicar efectivamente la ley implicaba apoyarse en trabajadorxs, usuarixs, familiares, organismos de derechos humanos y movimientos antimanicomiales para disputar el sentido mismo de la salud mental y enfrentar a los sectores que se benefician materialmente del modelo manicomial.

Sin embargo, ningún gobierno estuvo dispuesto a impulsar un proceso de movilización social de semejante magnitud. La desmanicomialización fue así contenida dentro de límites institucionales compatibles con la preservación general del sistema. Allí reside uno de los núcleos centrales de la contradicción entre el discurso progresista de la ley y su aplicación efectiva.

5. Políticas de salud mental y fragmentación del sistema de salud

Las políticas de salud mental no pueden analizarse de manera aislada del sistema de salud en su conjunto. En Argentina, dicho sistema se caracteriza históricamente por su fragmentación, desigualdad y segmentación social. La coexistencia entre subsistemas público, privado y de obras sociales produce circuitos de atención profundamente diferenciados según la capacidad económica y la inserción laboral de cada sector social.

Esta fragmentación no constituye únicamente un problema administrativo. Expresa también una forma específica de organización desigual del acceso a la salud. Mientras los sectores de mayores ingresos acceden a dispositivos privados y coberturas diferenciadas, gran parte de la población depende de un sistema público históricamente desfinanciado y atravesado por fuertes desigualdades territoriales.

En el campo de la salud mental, estas diferencias adquieren particular gravedad. Las posibilidades de acceso a tratamientos ambulatorios, dispositivos comunitarios, equipos interdisciplinarios o políticas de externación varían enormemente según la provincia, el municipio y la condición social de cada persona usuaria.

A ello se suma el proceso de descentralización del sistema sanitario profundizado desde los años noventa, mediante el cual múltiples responsabilidades fueron transferidas a las provincias sin garantizar recursos equivalentes ni criterios comunes de implementación. En los hechos, esto produjo un desarrollo profundamente desigual de las políticas de salud mental y de los procesos de desmanicomialización en el territorio nacional.

Mientras algunas jurisdicciones avanzaron parcialmente en experiencias comunitarias y dispositivos sustitutivos, en otras persiste un predominio casi absoluto de lógicas asilares y estructuras manicomiales tradicionales. La aplicación de la LNSM quedó así subordinada a las capacidades económicas, políticas e institucionales de cada provincia, profundizando las desigualdades existentes.

La fragmentación del sistema también impacta directamente sobre las condiciones laborales de quienes trabajan en salud mental. La precarización, la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la insuficiencia de equipos interdisciplinarios dificultan cualquier perspectiva seria de transformación estructural del modelo de atención.

En este sentido, la desmanicomialización no puede pensarse únicamente como una reforma específica del campo de la salud mental, sino como parte de una discusión más general sobre el sistema de salud y sus formas de organización. Resulta imposible construir una red comunitaria integral y garantizar procesos reales de inclusión social en un sistema fragmentado, mercantilizado y profundamente desigual.

Por ello, avanzar hacia un Sistema Único de Salud, público, gratuito, universal y gestionado democráticamente constituye una condición necesaria para cualquier política de desmanicomialización consecuente. No se trata solamente de un problema de coordinación administrativa, sino de disputar qué modelo de salud y qué formas de cuidado deben organizar la vida social.

6. Desmanicomialización y lucha de clases

La Ley Nacional de Salud Mental constituyó una conquista histórica del movimiento antimanicomial y una herramienta fundamental para disputar derechos y cuestionar aspectos centrales del paradigma manicomial. Sin embargo, reducir la lucha antimanicomial al mero cumplimiento formal de una ley implicaría limitar un problema mucho más profundo.

La desmanicomialización no puede pensarse únicamente como una reforma técnico-administrativa del sistema sanitario ni como el simple cierre de hospitales monovalentes. Se trata de una disputa política, ideológica y social más amplia en torno a las formas de concebir la locura, el sufrimiento psíquico y el cuidado.

El manicomio no es una institución sanitaria. Aunque históricamente se haya legitimado bajo discursos médicos y terapéuticos, su función principal no ha sido el cuidado ni la cura, sino el encierro, la segregación y la administración de determinados sectores sociales considerados peligrosos, improductivos o incapaces de adaptarse a las normas dominantes.

El encierro y el aislamiento no son respuestas sanitarias, sino económicas. A quienes no pueden producir, trabajar o permanecer disponibles para las exigencias de la ganancia capitalista se los aísla, medicaliza, encierra y estigmatiza. Detrás del programa manicomial no existe una estrategia real de reintegración social ni de cuidado, sino una forma específica de administración de aquellos sectores que el sistema considera improductivos o incapaces de adaptarse a las exigencias de normalidad y productividad.

Desde esta perspectiva, la lucha antimanicomial forma parte de una pelea más amplia contra las distintas formas de opresión y explotación que atraviesan a la clase trabajadora. La mercantilización de la salud, la medicalización creciente del sufrimiento y la segregación de quienes padecen determinados sufrimientos psíquicos no son fenómenos aislados, sino expresiones concretas de un sistema social organizado en función de la ganancia y no de las necesidades humanas.

La lucha por el derecho a un tratamiento digno frente a la contingencia de la locura no constituye únicamente una demanda de un grupo particular separado del resto de la sociedad. Se trata de un problema que atraviesa potencialmente al conjunto de la clase trabajadora. Cualquier persona puede experimentar, en determinados momentos de su vida, situaciones de crisis subjetivas o padecimientos mentales severos.

En este sentido, la forma en que una sociedad organiza el cuidado, el tratamiento y los derechos de quienes atraviesan esas experiencias constituye también una definición política sobre las condiciones generales de dignidad, libertad y humanidad para el conjunto social. La lucha antimanicomial no interpela solamente a quienes padecen determinados diagnósticos psiquiátricos, sino al modo en que toda la sociedad responde frente a la vulnerabilidad, la diferencia y el sufrimiento humano.

En este marco, la internación puede transformarse muchas veces en una condena de carácter indefinido. La particularidad de esta forma de encierro es que la sanción no la dicta un tribunal, sino el propio modelo médico hegemónico que, bajo determinados criterios de salud, peligrosidad o normalidad, define quién se encuentra “apto” para vivir en libertad y quién no.

Por ello, la desmanicomialización integral difícilmente pueda desarrollarse plenamente dentro de un sistema de salud organizado bajo criterios mercantiles y subordinado a intereses privados. Llevar hasta el final una transformación radical del modelo de salud mental implica necesariamente cuestionar las estructuras sociales y económicas que sostienen la lógica manicomial.

Al mismo tiempo, la experiencia histórica demuestra que la mera transformación de las relaciones económicas no garantiza automáticamente la desaparición de las prácticas manicomiales. Distintas experiencias que se reivindicaron socialistas reprodujeron instituciones de encierro y formas de disciplinamiento sobre la locura, mostrando que la lucha por la desmanicomialización requiere también una profunda transformación cultural, institucional y subjetiva.

En este sentido, la pelea por una sociedad sin manicomios no puede separarse de la lucha por una sociedad sin explotación ni clases sociales. La democratización radical del sistema de salud, la participación real de trabajadorxs y usuarixs en las decisiones sobre los procesos de cuidado y la construcción de formas comunitarias y no segregativas de abordaje del sufrimiento mental sólo pueden desarrollarse plenamente como parte de un proceso más general de transformación social impulsado desde abajo por la propia clase trabajadora.

A quince años de la sanción de la LNSM, la lucha antimanicomial continúa abierta. Frente a la restauración conservadora impulsada por las extremas derechas y frente a los límites demostrados por el progresismo institucional, el desafío sigue siendo construir una fuerza social capaz de disputar no sólo las políticas de salud mental, sino también las condiciones materiales y políticas que hacen posible la persistencia del manicomio como institución social.

Porque desmanicomializar no significa únicamente cerrar manicomios. Significa también luchar por una sociedad sin manicomios… y sin clases.

Manicomios Nunca Más.

Nicolás Mileo, Valentina Y Zurieta, Malena Leone, Alberto Sava, Sebastián Soto-Lafoy
Militantes del Movimiento Socialista de lxs Trabajadorxs

saludmentalmst [at] gmail.com