No al idealismo legislativo ni al manicomio privatizado. Defendemos el derecho al deseo y a la comunidad

En los años ´50, luego de la segunda guerra mundial, la mitad de las camas de internación en el mundo eran psiquiátrica. Disminuir ese gasto era necesario para invertir en la reconstrucción de Europa destruida por la guerra. De allí surge el proyecto de cerrar los manicomios; esta situación fue aprovechada por los sectores progresistas y de izquierda que llevaron adelante propuestas alternativas bajo el concepto de Salud Mental: la Psiquiatría Comunitaria en EEUUU, los Hospitales de Día y de Noche y la Antipsiquiatría de Laing y Cooper en Inglaterra, la Psiquiatría Democrática de Franco Basaglia en Italia. En los ’80 durante los gobiernos neoliberales de Margaret Tatcher y Ronald Regan continuó esta política, ya se buscaba el ahorro económico: mantener las grandes estructuras asilares era sumamente costoso para el Estado. El neoliberalismo clásico prefirió cerrar las instituciones asilares, pero no invirtió en los nuevos dispositivos. El resultado fue la "manicomialización a cielo abierto": los pacientes terminaron en la calle o en prisiones, aunque ya no figuraban como gasto estatal. (Carpintero, Enrique y Vainer, Alejandro, La Huellas de la memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los ´60 y ´70, editorial Topia, Buenos Aires 2017).

El neoliberalismo clásico prefirió cerrar las instituciones asilares, pero no invirtió en los nuevos dispositivos. El resultado fue la 'manicomialización a cielo abierto': los pacientes terminaron en la calle o en prisiones, aunque ya no figuraban como gasto estatal.

El gobierno neoliberal de Milei actúa de diferente manera. Combina el ajuste económico a los sectores obreros y de clase media con un autoritarismo en la que encontramos la tentación neofascista al atacar las libertades democráticas y sociales. (Carpintero, Enrique, La tentación Neofascista. El odio y el miedo como política de sometimiento, Topia editorial, Buenos Aires 2026) Para ello necesita la creación de enemigos a los cuales tiene que segregar; es decir, los "excedentes" del sistema: los pobres, los locos, los diferentes. De esta manera intenta cohesionar a su base electoral a través del miedo y el odio: recordemos que hoy el capital "goza" por medio de la crueldad. Desde esta perspectiva modificar la Ley de Salud Mental le permite volver al manicomio y a la medicalización como eje del tratamiento de la locura: su objetivo no es curar, sino hacer desaparecer de la vista pública a quienes el sistema ya no puede integrar ni siquiera como consumidores. En este proyecto cuenta con los que tienen el poder en el campo de la Salud Mental desde que se sancionó la Ley: los grandes laboratorios, las instituciones de medicina privada, la burocracia sindical que manejan sus intereses en las obras sociales y las organizaciones médicas que se oponen a cualquier proyecto de transformación. Desde este punto de vista las clínicas privadas de salud mental no son meros prestadores de salud, sino actores políticos y económicos fundamentales que operan como el brazo ejecutor de la manicomialización; allí el paciente no es una persona que padece, sino una prestación que se cobra un arancel. (Carpintero, Enrique, La subjetividad asediada. Medicalización para domesticar al sujeto, editorial Topia, Buenos Aires 2011)

Los procesos de corposubjetivación como construcción social

A diferencia del discurso médico-psiquiátrico que ve al cuerpo como una máquina de estímulos neuronales, con el concepto de corposubjetividad pienso en una subjetividad que es corporal donde se entraman los afectos, la historia personal y el impacto de la sociedad.

Por ello el cuerpo es un territorio de lucha donde la lógica neoliberal neofascista intenta disciplinarlo, ya sea mediante el encierro manicomial o mediante la medicalización para que "no moleste" y siga produciendo o, por lo contrario, acepte sumisamente sobrevivir.

Desde este punto de vista las clínicas privadas de salud mental no son meros prestadores de salud, sino actores políticos y económicos fundamentales que operan como el brazo ejecutor de la manicomialización; allí el paciente no es una persona que padece, sino una prestación que se cobra un arancel.

En este sentido el poder actual no solo opera a través de leyes, sino a través de la producción de procesos corposubjetivos: por un lado, busca que los cuerpos se aíslen y sientan miedo del otro. Por otro lado, el odio neofascista necesita que el sujeto pierda empatía (que "desensibilice" su cuerpo ante el dolor ajeno). Trabajar desde la clínica de la corposubjetividad implica recuperar la capacidad de afectarse y de conmoverse por el otro, algo fundamental para que la desmanicomialización comunitaria sea posible.

Desde esta perspectiva entiendo la Salud Mental como un encuentro con el otro humano: no es un equilibrio de neurotransmisores, sino la capacidad de un sujeto de sostener lazos sociales. La clínica corposubjetiva propone que el sujeto recupere su autonomía para que pueda dejar de ser un objeto pasivo del mercado o del hospital y se convierta en un actor político y social. Si no entendemos que el padecimiento singular debe dar cuenta de lo social y corporal al mismo tiempo terminamos cayendo en las trampas del control autoritario o en la ilusión de un deseo abstracto.

El sujeto derecho

Nuestra forma de sentir, pensar y desear no es algo "natural" ni puramente biológico, se construye en la cultura. El poder trabaja constantemente para producir una subjetividad que acepte la desigualdad y la crueldad sin rebelarse.

A diferencia del discurso médico-psiquiátrico que ve al cuerpo como una máquina de estímulos neuronales, con el concepto de corposubjetividad pienso en una subjetividad que es corporal donde se entraman los afectos, la historia personal y el impacto de la sociedad.

En este sentido la Ley de Salud Mental busca producir un sujeto de derecho: alguien que es ciudadano, que tiene voz, que participa de su tratamiento y que tiene vínculos sociales. Esta perspectiva va a contramano del modelo neoliberal que necesita producir un "sujeto-consumidor": alguien que está solo, que compite contra los demás y que, si sufre, busca la solución en una "mercancía" (ya sea una droga legal o el consumo de objetos). Este es un punto crucial ya que el poder intenta "anestesiar" el malestar social. Si una persona está angustiada por no tener trabajo o por la incertidumbre del futuro, el sistema intenta que esa persona crea que su problema es un "desequilibrio químico" en el cerebro. Al recetar un psicofármaco sin terapia ni contexto, se silencia el conflicto. Se produce una subjetividad "domesticada" que no cuestiona las causas sociales de su dolor. La Ley de Salud Mental molesta porque propone el lazo social (clubes, talleres, comunidad) como parte de la cura.

El poder, en cambio, promueve el "odio al otro" y el individualismo extremo: donde no hay lazo social, hay violencia, y esa violencia es la que el sistema utiliza para someternos. En definitiva, se produce una subjetividad que disfruta o es indiferente al dolor ajeno. Desmantelar la salud mental pública es parte de este plan: se intenta naturalizar que el "débil" (el loco, el adicto, el pobre) debe ser excluido o encerrado porque "no produce". En conclusión, resguardar los aspectos fundamentales de la Ley es defender la posibilidad de una subjetividad crítica y solidaria frente a una que solo sabe consumir y obedecer.

El retorno al modelo manicomial

Si en neoliberalismo de los `80 buscaba cerrar el hospital público para ahorrar, en el actual busca derivar los recursos públicos hacia el sector privado. Cómo decíamos anteriormente, para una clínica privada el paciente no es un sujeto con derechos, sino una "cama ocupada" que genera una facturación diaria (generalmente pagada por obras sociales o el Estado). El modelo de negocios de estas clínicas colisiona con la Ley de Salud Mental. Mientras la ley busca que la internación sea breve y el paciente recupere su libertad, la clínica privada necesita que la internación se prolongue para garantizar la rentabilidad. Muchas clínicas privadas son el refugio de una psiquiatría tradicional que se resiste a la interdisciplina. En estas instituciones suele predominar un enfoque puramente biológico. Al reducir la corposubjetividad a un "desequilibrio químico", se justifica el uso de fármacos para abaratar los costos de personal (menos psicólogos y trabajadores sociales, más medicación).

Si una persona está angustiada por no tener trabajo o por la incertidumbre del futuro, el sistema intenta que esa persona crea que su problema es un 'desequilibrio químico' en el cerebro. Al recetar un psicofármaco sin terapia ni contexto, se silencia el conflicto. Se produce una subjetividad 'domesticada' que no cuestiona las causas sociales de su dolor.

En este contexto las clínicas privadas se presentan ante la sociedad no como centros de salud, sino como soluciones de seguridad: ofrecen a las familias angustiadas la idea de que el "loco" es peligroso y que la única solución es el depósito privado. Así, el sufrimiento subjetivo se convierte en un mercado: quien tiene dinero paga el encierro en una clínica "de lujo", y quien no, termina en la precariedad de los dispositivos que el Estado desfinancia donde están internados no solo por locos sino por pobres.

Para hacer un análisis de los ejes centrales frente a los cambios legislativos los podemos sintetizar en los siguientes puntos:

1. El retorno al modelo manicomial. Las modificaciones impulsadas (como las que aparecen en la denominada "Ley Ómnibus") buscan rehabilitar instituciones monovalentes (manicomios y neuropsiquiátricos), cuya creación está prohibida por la ley actual. Esto responde a Intereses económicos de los sectores del "poder médico-hegemónico" quienes se verían beneficiados por un sistema basado en el encierro y la sobremedicación, que garantiza rentabilidad a costa del aislamiento del paciente.

2. La judicialización de la salud lleva a que los jueces vuelvan a tener la potestad de decidir sobre las internaciones. Esto conduce a la pérdida de la interdisciplina ya que la ley actual exige que la internación sea una decisión de un equipo de salud interdisciplinario (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales). Al anular o modificar estos artículos, la salud mental deja de ser un tema sanitario para convertirse en una cuestión de "seguridad" o justicia. Debemos advertir que flexibilizar los criterios de internación involuntaria permite que situaciones subjetivas complejas sean resueltas mediante el encierro forzado, vulnerando la autonomía y las libertades individuales.

Como una primera conclusión, la lucha por la Ley de Salud Mental es, en el fondo, una lucha contra la mercantilización de la subjetividad. Anular los artículos de la ley es liberar el mercado para que las clínicas privadas puedan volver a encerrar personas sin control judicial ni sanitario interdisciplinario, transformando un padecimiento humano en una ganancia financiera.

La función del Estado debe ser de 'Cuidador' no de 'Carcelero'. Para ello se tienen que regular las corporaciones, el Estado tiene que dejar de ver la Salud Mental como un gasto y empezar a verla como una inversión en el lazo social. Regular significa que el Estado no puede ser un 'comprador de servicios' (tercerización), sino un productor de salud.

De allí la necesidad de regular las corporaciones privadas, Pero aclaremos esto no es solo un tema de leyes, sino de restituir el poder de lo público. Frenar el avance de las clínicas privadas y asegurar que el presupuesto llegue a la comunidad se basa en tres pilares fundamentales:

1). El Control Externo e Interdisciplinario a partir del Órgano de Revisión Nacional (ORN), esto es justamente lo que el modelo neoliberal y las corporaciones quieren anular; ningún establecimiento privado pueda decidir una internación por sí solo. El Estado debe controlar, cama por cama, si esa internación es necesaria o si es un secuestro comercial; el control debe incluir a asociaciones de usuarios y familiares, rompiendo el "pacto de silencio" entre los dueños de las clínicas y los médicos que recetan el encierro.

2). Si bien la ley propone que el presupuesto debe ser del 10% total de lo asignado a Salud, en todos estos años nunca supero el 2%. Además, este dinero debe seguir al paciente, no a la clínica; si el Estado hoy paga una suma X a una clínica privada por una internación, ese mismo dinero debería ser transferido a la red pública comunitaria. Con el presupuesto que hoy se "fuga" hacia el sector privado de forma ineficiente, se podrían financiar todas las casas de medio camino y cooperativas necesarias para vaciar los manicomios.

3). Las clínicas privadas basan su poder en el monopolio del diagnóstico psiquiátrico. Por eso es necesario proponer: A) Equipos de salud en Hospitales Generales donde la atención de urgencia sea siempre en lo público. Esto evita que una familia en crisis termine directamente en la puerta de una clínica privada, que tiene un interés comercial en dejar al paciente adentro. B) Sustituir la internación por cuidados territoriales; es decir, crear más Centros de Atención Primaria, fortalecer los Centros de Salud Mental de barrio para que la mayoría de los padecimientos se resuelvan antes de llegar a la instancia de la clínica. C) La función del Estado debe ser de "Cuidador" no de "Carcelero". Para ello se tienen que regular las corporaciones, el Estado tiene que dejar de ver la Salud Mental como un gasto y empezar a verla como una inversión en el lazo social. Regular significa que el Estado no puede ser un "comprador de servicios" (tercerización), sino un productor de salud. En definitiva, desfinanciar la crueldad para financiar la ternura y el cuidado, entendiendo que la salud mental es un derecho soberano que no puede quedar en manos de la tasa de ganancia de un empresario.

El padecimiento subjetivo no se resuelve con leyes ni con jueces

Los críticos de la ley suelen usar como excusa que "la ley no funciona" cuando en realidad nunca pudo implementarse; durante los diferentes gobiernos supuestamente “nacional-populares” se impidió su aplicación ya que su funcionamiento parcial fue producto de los esfuerzos de algunos espacios profesionales. Debemos recordar que la Ley de Salud Mental fue impulsada desde “arriba”; nunca la tomaron como una reivindicación aquellos que reciben sus beneficios ni la mayoría de los profesionales. Esta limitación permite que el gobierno pueda realizar una progresiva anulación de los derechos en salud mental como parte de un proceso más amplio de "desmantelamiento de lo público", donde el individuo queda desamparado frente a la crisis del capitalismo actual.

La superación consiste en entender que el sufrimiento psíquico no se resuelve con leyes ni con jueces, sino con vínculos sociales. [...] La contradicción se disuelve cuando dejamos de discutir artículos legales y empezamos a discutir quién se beneficia con el sufrimiento de los pacientes: si el mercado del encierro o el derecho a la salud pública.

Esto nos lleva a que plantear la supuesta contradicción entre "Ley de Salud Mental sí" o "Ley de Salud Mental no" es una trampa discursiva. El debate no debería ser sobre la existencia de la ley en sí, sino sobre las condiciones materiales de su implementación en las actuales condiciones del capitalismo neoliberal.

Para superar esta dicotomía debemos tener en cuenta:

1.Desplazar el debate de lo Jurídico a lo Político-Económico ya que el problema no es que la ley sea "mala" o "inaplicable", sino que hay una decisión política de que no se aplique. Se dice que la ley fracasó porque no hay lugares donde derivar a los pacientes. Cuando en realidad al no crearse los espacios comunitarios como espacios intermedios entre la comunidad y los centros de Salud Mental se impide el trabajo preventivo y la atención domiciliaria cuando se externa un paciente; el resultado es que ante una crisis la única alternativa es la internación. De allí el "círculo vicioso": se dice que la ley es mala porque "los locos están en la calle", pero están en la calle porque el Estado no impulsa la creación de dispositivos alternativos. Al no haber espacios comunitarios con Centros de Atención Primaria, Casas de Medio Camino ni Centros de Día, la única opción que queda es el abandono o el retorno al manicomio represivo. 

En este sentido sostengo que la creación de una red de dispositivos intermedios que se sostienen en un trabajo comunitario (Casas de Convivencia, Centros de Día, de Noche, Centros de Atención Primaria, Cooperativas de Trabajo) llevan a que la "necesidad" de una internación prolongada desaparece por peso propio, demostrando que la ley es posible si hay una base material y política de apoyo. El supuesto "fracaso" es una construcción del poder económico (clínicas privadas y farmacéuticas) para justificar el retorno al negocio del encierro.

2. No al idealismo Legislativo ni al manicomio privatizado

Debemos cuestionar a aquellos que defienden la ley como un texto sagrado sin ver la realidad de los hospitales, como a quienes quieren derogarla para volver al siglo XIX. La superación consiste en entender que el sufrimiento psíquico no se resuelve con leyes ni con jueces, sino con vínculos sociales. Superar la falsa opción es pasar de la "seguridad" (policía/jueces) a la "seguridad social" (salud/comunidad).

Esta contradicción se puede superar en la práctica clínica diaria. Los profesionales pueden trabajar "como si" la red comunitaria existiera, forzando al Estado a través de la organización colectiva. La superación no es intelectual, sino militante: defender el derecho al deseo y a la comunidad frente a la pulsión de muerte que propone el aislamiento.

En conclusión, la contradicción se disuelve cuando dejamos de discutir artículos legales y empezamos a discutir quién se beneficia con el sufrimiento de los pacientes: si el mercado del encierro o el derecho a la salud pública. Y esta es una discusión política.

Enrique Carpintero
Psicoanalista
enrique.carpintero [at] topia.com.ar