Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires: el decidido avance de la reacción | Topía

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Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires: el decidido avance de la reacción

 

En los últimos años, la revista Topía reflejó mediante diversos artículos, los avances y retrocesos registrados, respecto del necesario proceso de transformación de un modelo de atención, que en Salud Mental continúa vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, resulta determinante establecer políticas de salud mental, enmarcadas por los lineamientos establecidos por tres herramientas legales sancionadas oportunamente: la Constitución de la Ciudad Autónoma (1996), la Ley Básica de Salud (1999) y específicamente, la Ley de Salud Mental N° 448 (2000). La sanción democrática de estas leyes, fue el resultado de intensos debates que formaron parte de un proceso inédito de participación plural en cuanto a la construcción de legalidad social, y que finalmente confluyeron en un claro objetivo: transformar un modelo de atención, decididamente retrógrado en cuanto a su concepción, transgresor de los derechos humanos para los casos de padecimientos graves y severos por un lado y, por otro, incapaz de brindar respuestas integrales a una incesante y progresiva demanda, producto de nuevas y diversas expresiones de padecimiento psíquico.

Lo que está en juego no es sólo la transformación que debe dar cuenta del destino que sufren hoy más de 2.000 pacientes que se encuentran “recluidos” en los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Alvear (con un promedio de diez años de internación para los dos primeros hospitales), sino también la atención adecuada y eficaz, de alrededor de 1.500.000 de prestaciones anuales, que en el conjunto de los 70 efectores públicos estatales de jurisdicción de la Ciudad, se realizan sin la adecuada infraestructura, y sin las dotaciones de trabajadores y profesionales que se requieren, para formalizar una atención digna.
Este intento de transformación, que tiene como fundamento y guía de acción a la Ley de Salud Mental N°448, parte justamente desde el momento de su sanción en julio del año 2000. A partir de ahí, su implementación atravesó por diversidad de obstaculizaciones y boicots. Vale recordar entre ellos: la “demora” de cuatro años para la reglamentación de la ley; la presentación de asociaciones gremiales médicas y psiquiátricas ante la Justicia local, solicitando la “inconstitucionalidad” de la ley (desestimada por el Tribunal Supremo); las impugnaciones sistemáticas de los concursos para cargos de conducción en los que se presentaban profesionales psicólogos; la total desidia e inacción de los sucesivos gobiernos de la Ciudad, durante los últimos ocho años.
Desde la ley, se instituyó el Consejo General de Salud Mental (CoGeSam) como instancia consultiva y de asesoramiento (de carácter honorario y no vinculante) de la autoridad del área. Con una pluralidad de representaciones, el mismo elaboró diversidad de propuestas, que se elevaron oportunamente a cada gestión de gobierno y que lamentablemente no fueron consideradas para su instrumentación.
Hacia fines del año pasado, con el advenimiento de la actual gestión de gobierno, encabezada por el Ing. Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno y el Dr. Jorge Lemus, a cargo del Ministerio de Salud, el CoGeSam emitió un documento, titulado: “La Salud Mental: entre la crisis y la inacción”, y en cuyo contenido se ponía para conocimiento de las nuevas autoridades, no sólo el estado de situación crítico del modelo de atención, sino que fundamentalmente, se ratificaban un conjunto de propuestas, que progresivamente debían ejecutarse en cumplimiento de la Ley 448 y sus objetivos transformadores. No obstante los precisos lineamientos de este documento, el ministro Dr. Lemus, ya en sus primeras declaraciones públicas a los medios de comunicación, daba cuenta de una cierta “confusión” conceptual de la Salud Mental, al considerarla como una “especialidad médica”.
Este posicionamiento de la máxima autoridad de Salud, no resultó una “ingenuidad” o “equívoco”, sino que adelantaba el marco ideológico-político-científico, desde el cual se generarían las diversas acciones que a posteriori sobrevendrían. Tan así fue, que la primera decisión que se tomó, implicó sin ningún tipo de reparo o consulta, la desjerarquización del área de Salud Mental, al bajarla de nivel en la estructura de gobierno. Se pasó de una “Dirección General de Salud Mental”, a una simple “Dirección Adjunta de Salud Mental”, adscribiendo a la misma bajo la órbita de una “Dirección de Redes y Programas”. Este acto que a simple vista puede considerarse como algo meramente burocrático, significó dar por tierra (después de mucho bregar para conseguirlo tal como lo establece la ley), que la autoridad de aplicación posea la atribución y capacidad de “bajar” políticas concretas a todos los efectores y dispositivos del sistema, además de poder intervenir en la elaboración y elevación del presupuesto del área.
Este verdadero retroceso, reubicó a la Salud Mental del sistema público estatal (como hace dos décadas atrás), subordinándola a una instancia de menor cuantía, como resulta ser estratégicamente, el manejo de redes y programas. Esta acción, evidentemente apuntó a despojar a Salud Mental, de su necesaria especificidad, única forma de no quedar subsumida bajo un exclusivo criterio médico. Pese a interponerse reclamos desde el CoGeSam, por dicha acción inconsulta y transgresora de la ley de salud mental vigente, no hubo respuesta alguna de parte de los funcionarios.
Con posterioridad, y en el marco de la inauguración del período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Bs. As., el 1° de marzo último, el Jefe de Gobierno, Ing. Macri, en su discurso, hizo una llamativa e inesperada mención sobre el tema específico, al expresar: “En Salud Mental vamos a proponer una fuerte reforma, alineada con lo que indica la Ley 448 de la Ciudad, que trabaje sobre la prevención integral, la rehabilitación y la reinserción social de los pacientes”. Pese a los retrocesos apuntados, resultaba ciertamente promisorio, que la máxima autoridad de gobierno, tomase como referencia de futuras acciones reformistas, a la incumplida Ley de Salud Mental.
Ya en el mes de abril, este “adelanto” discursivo del Jefe de Gobierno, se precipitó de forma sorpresiva y hermética, a partir de una presentación que se realizó en la Academia Nacional de Medicina, ante un auditorio conformado sólo por miembros de la aludida Academia, y por representantes de la Asociación Médica Argentina, la Asociación de Médicos Municipales, la Federación Médica Gremial (Femeca) y la OPS. Dicha presentación titulada como “Plan de Reforma del Modelo de Atención de Salud Mental”, se concretó mediante un “power point”, sin establecer fundamentos teóricos, técnicos y científicos, ni tampoco una autoría intelectual.
Este acto resultó una verdadera afrenta, considerando la forma utilizada, los actores convocados (evidente discriminación hacia otras disciplinas de salud mental), y la falta de información sobre lo anunciado.
Posteriormente se agregó, mediante declaraciones públicas de los funcionarios, un dato impactante por sus connotaciones. El desarrollo de dicho “Plan”, implicaba el cierre de los hospitales Borda y Moyano.
Independientemente de las reacciones que dichos anuncios generaron en los diversos sectores sociales, profesionales y gremiales (algunas de repudio y otras de beneplácito), quedaba ratificado en el marco de dicha acción, la forma netamente autoritaria y transgresora que por sobre la legalidad vigente, se operó desde el gobierno. Este anunciado “Plan”, de acuerdo a la normativa vigente (artículos 6° y 7° de la Ley 448), no contó con la participación, opinión y evaluación del Consejo General de Salud Mental, en su carácter de instancia asesora de la autoridad de aplicación.
Mientras avanzaba el tiempo, las autoridades decían y se desdecían, respecto del destino que los terrenos y construcciones de los hospitales Borda y Moyano irían a tener. Pero detrás de este “repentino” interés despertado por la Salud Mental de la Ciudad, en realidad se enmascaraban otros objetivos que poco tenían que ver con las transformaciones que deben ser llevadas a cabo en el área.
Poco después, empieza a tener difusión un convenio firmado por el actual Gobierno y la Sociedad Central de Arquitectos, por el cual: “se le encomienda a dicha sociedad, para la organización y realización de un concurso nacional e internacional de ideas para el “Parque Cívico” en el espacio hasta ahora ocupado por los Hospitales Borda, Moyano, y el Hogar Rawson, en el barrio de Barracas en el sur de la ciudad”.
Así se comprende, el destino “pensado” para estas 37 hectáreas (que no pueden disponerse libremente, por ser parte de una donación), incluyéndolas en el proyecto de trasladar a dichos predios, las principales áreas del Gobierno de la Ciudad.
Esto tiene como corolario, la necesidad de borrar a los hospitales neuropsiquiátricos de dicha zona, por cuanto la zona sur y en especial el barrio de Barracas, son la mejor (y tal vez única) opción para el desarrollo de un fabuloso negocio urbanístico. Este proyecto tiene continuidad geográfica con otro negocio ya consumado, el de Puerto Madero y se suma al futuro “Polo Tecnológico” de Parque de los Patricios. Por ello, también se generó una ardua disputa con el Gobierno Nacional, por la mentada “traza” de las nuevas líneas o extensiones de los subterráneos. En definitiva, la “desaparición” de dichos asilos, implica una necesidad para la revalorización de las tierras aledañas, valorización que a su vez, va a ser retroalimentada por el traslado a la zona, de la sede del gobierno local.
Como respuesta a estos anuncios, el 19 de junio pasado y en el marco de un plenario general, el Consejo General de Salud Mental elaboró y presentó un documento dirigido a las autoridades, en el cual se abordan dos planos bien diferenciados: por un lado se hace una crítica enmarcada a la metodología utilizada y los contenidos referidos al “nuevo” Plan de Salud Mental. Por otro, y en una clara actitud constructiva, se puntualizó un conjunto de propuestas concretas que resultan imprescindibles para el proceso de transformación, siendo solidarias con los lineamientos establecidos por la legislación. Este documento resultó avalado por toda la diversidad representativa del Consejo, incluidas asociaciones profesionales médicas-psiquiátricas, habitualmente opositoras a los contenidos de la ley 448. Cabe consignar que el documento fue firmado también por la actual Directora Adjunta de Salud Mental, la Dra. Lucía Quiroga, funcionaria del actual gobierno.
Este exhorto a las autoridades, implícito en el documento aludido, apuntando a una revisión de las medidas anunciadas, tuvo a las 48 horas una respuesta contundente. La aparición en los principales medios gráficos, de la publicidad con el llamado a licitación para “Proyecto y precio para la construcción de nuevos recursos físicos para la atención de la salud mental”. Contemplando este proyecto: 7 Centros de Internación de Adultos (50 camas cada uno); 1 Centro de Evaluación y Derivación y 4 Hospitales de Día. Todo por la módica suma de 157 millones de pesos.
Esta era la clara ratificación y consolidación, del camino trazado por el actual gobierno, para una política que contraviene la ley y los criterios establecidos para la transformación del actual modelo de atención. Así mismo, implicó el total desprecio y desconsideración a las representaciones que participan democráticamente en el seno del Consejo General de Salud Mental. En este otro nuevo gesto, solapado y de clara raigambre autoritaria, reniega de la opinión de legítimos actores de la Salud Mental: trabajadores, profesionales, pacientes, usuarios, familiares y la comunidad, que son parte imprescindible de toda transformación.
Pero el mayor daño que importa respecto de estas decisiones del actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que replicará ineludiblemente en el modelo de atención que se intenta plasmar y sus consecuencias para el conjunto de la población que requiera ser asistida.
Para sintetizar, respecto de este nuevo “Plan de Salud Mental” que se intenta instrumentar desde el gobierno del Ing. Macri, destacar algunas consideraciones y perspectivas:

1-Este no es un Plan de Salud Mental y mucho menos interesa al gobierno, la salud mental en su conjunto. Es un avance sobre algunos efectores (Borda, Moyano y otros), que bajo el manto de una seudotransformación se requiere disponer de ellos, para proyectar un fabuloso negocio inmobiliario urbano. Debe quedar claro que una cosa es transformar los manicomios, y otra es aprovechar este argumento, para instrumentar negocios multimillonarios.
2-Es el avance autoritario e impune, en pos de generar un “vaciamiento” de los bienes públicos estatales, traspasando recursos de la Ciudad al subsector privado. Por ejemplo, la falta de provisión de insumos hospitalarios en general que ya está siendo denunciada, y en particular en Salud Mental, el desfinanciamiento de los efectores existentes y la no creación de los dispositivos que son imprescindibles para llevar adelante la transformación establecida por la Constitución de la Ciudad (desinstitucionalización progresiva), preanuncian también una delegación de la atención, orientada hacia el sector de atención privada. Esto ya está ocurriendo en el área de Desarrollo Social.
3-Observar que este decidido avance autoritario y mercantilista de la gestión de gobierno macrista, avasallando leyes y consensos democráticos, no puede ser posible, sino se cuenta con la complicidad (por acción u omisión) de sectores corporativos gremiales y profesionales de la salud, que sospechosamente hoy se encuentran en el mayor de los silencios, ante medidas como los son el cierre de los hospitales Borda, Moyano y otros.
4-El cierre de dichos hospitales, haciendo una perversa utilización del repudio que las instituciones manicomiales convocan, encubren otros intereses que nada tienen que ver con la transformación de las instituciones y la puesta en marcha de lo nunca instrumentado, esto es el conjunto de dispositivos sustitutivos a la lógica manicomial (camas de internación en hospitales generales-guardias interdisciplinarias de SM-recursos humanos para los hospitales de día ya existentes (12)-casas de medio camino-residencias protegidas-hostales-emprendimientos sociales y otros). Pregunto: ¿Qué destino tendrán los más de 1500 pacientes que no están comprendidos en el proyecto licitado?
5-Construir nuevos Centros de Internación con dispositivos de control como circuitos cerrados de televisión y vidrios blindados, son también lógicas manicomiales. A su vez, centralizar la atención en un Centro de Evaluación y Derivación, se contradice con un criterio de Atención Primaria de la salud, que debe privilegiar el trabajo en Red, y que la entrada al sistema, pueda darse en los efectores más próximos al lugar de residencia de la persona que se asiste. También debe evaluarse que con esa centralización, se apuntala un criterio claramente segregacionista y discriminatorio, puesto que se pierde la posibilidad de establecer en el sistema de atención, la visión de que los padecimientos mentales, deben ser atendidos en cualquier efector del sistema, al igual que se lo tramita con un padecimiento orgánico.
6-Concomitantemente, lo que está en juego con este proyecto de reforma inconsulto e ilegal, es sobre qué paradigma de Salud Mental deben enmarcarse las transformaciones. Junto a las acciones emprendidas, las declaraciones de los funcionarios y tal como se desprende de los fundamentos implícitos en los pliegos de las licitaciones, queda expuesto un no respeto por lo interdisciplinario, lo comunitario y la participación, instancias que son fundamento de una concepción democrática y pluralista de la Salud Mental. La forma autoritaria de imponer este proyecto, parte de una asociación de criterios y actores. Por un lado el de una visión unívoca, que considera a la Salud Mental, como una especialidad más de la Medicina (sustentada por el actual ministro de Salud, Dr. Jorge Lemus), y que resulta funcional, a sectores corporativos que apuntalan el establecimiento de una hegemonía médica y una psiquiatrización de la Salud Mental, siendo en parte fuertemente incentivados por la industria farmacéutica. También debe considerarse cuales son los motivos que operan para que el gobierno de la Ciudad, no ejerza sus atribuciones legales para la habilitación y control de los establecimientos y servicios de salud y salud mental, y la evaluación de la calidad de las prestaciones del subsector privado. Existen en la Ciudad, sólo 70 efectores del sector público estatal, mientras que el privado, que está conformado por más de 1.600 instituciones, no se les practica ningún tipo de control.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plasmó en su Constitución y en un conjunto de leyes, una jerarquización y especificidad de la Salud Mental que fue producto de intenso debate y participación. Estos aspectos (participación y debate) fueron en parte, como consecuencia de un marco histórico social transitado, como fueron las avasallantes y brutales consecuencias que dejaron las políticas neoliberales implementadas durante la década de los ‘80 y ‘90, bajo sutiles formas de autoritarismo y corrupción.
Con estas leyes, se lograron algunos avances, pero la transformación de fondo sigue aún pendiente. Esa es la lucha, lograr que se cumpla la legislación, como en el caso de la Ley 448 de Salud Mental, y poder avanzar en el establecimiento de un sistema de atención digno, tanto para las personas que demandan atención, como para los trabajadores y profesionales que intervienen en las diferentes instancias.
Hoy el problema no reside en el incumplimiento de las leyes que están vigentes, como ha ocurrido por la inacción de los gobiernos anteriores. Hoy la situación se torna mucho más grave, teniendo en cuenta las decisiones y acciones emprendidas por el actual gobierno de la Ciudad de Bs. As., que encabezado por el Ing. Macri, transgreden la ley, con una metodología y práctica autoritaria, que pareciera no tener freno ni oposición.
Por ello, cabe preguntarse: ¿acaso no estaremos asistiendo a un verdadero resurgimiento de las políticas neoliberales, siendo la Ciudad, su nuevo coto de caza...? Ante este interrogante, surge un desafío: el de generar la conciencia necesaria, para producir colectivamente las acciones que eviten, lo que se vislumbra como una nueva destrucción del sistema público estatal de salud y salud mental.

Ángel Barraco
Miembro del Consejo General de Salud Mental-C.A.B.A
Co-coordinador del Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional (Regional Bs. As.).
barracoangel [at] fibertel.com.ar
 

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Articulo publicado en
Octubre / 2008

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