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Ley Nacional de Salud Mental,otra vez en riesgo cierto e inminente

 

Estado de situación.

Desde su sanción en el año 2010, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 sufrió además de la falta de implementación en todo el país, sistemáticos ataques para modificarla y derogarla. Hoy asistimos a un nuevo intento, esta vez formulado desde el entrante gobierno de Javier Milei, que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y una Ley Ómnibus, se busca afectar al conjunto de derechos adquiridos en todos los órdenes de la vida en sociedad y entre ellos y particularmente, la protección de los derechos de las personas atravesadas por un padecimiento mental. Derechos que no sólo garantiza la ley vigente, sino que también, el conjunto de pactos y convenciones internacionales incluidos en la Constitución Nacional, sin olvidar el Código Civil y Comercial reformado en el 2014.

Este inédito mecanismo de arrasamiento de derechos, con un claro sesgo autoritario e inconstitucional para un gobierno en democracia, expresa sin ningún pudor en su objeto (art.1°): “promover la iniciativa privada, limitando toda intervención estatal”.

El antecedente mas inmediato respecto de modificar los lineamientos de la ley, lo encontramos en noviembre del 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri (ideológicamente muy ligado a los arrasamientos del capitalismo neoliberal), en el cual un conjunto de asociaciones médicas y psiquiátricas (siempre muy cercanas y habitando los gobiernos de turno), confrontadas por la imposibilidad política de derogar la ley, consideraron oportuno e idearon y presentaron al ministro de salud de dicho gobierno, el Dr. Jorge Lemus, un proyecto de modificación de la reglamentación de la ley nacional de salud mental, que radicalmente desvirtuaba y contrariaba los lineamientos expresos de la norma. Por ello, vale recordar y considerar, dado el momento actual, quienes acompañaron y firmaron dicho proyecto: Asociación de Médicos Municipales (AMM-CABA); Asociación Gremial de Psiquiatras de Capital Federal; Federación Médica de Capital (Femeca); Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina; Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA); Asociación de Psiquiatras Argentinos (AAP); Asociación Médica Argentina (AMA).

Este intento, que ya estaba a la firma del presidente Macri, en última instancia fracasó, gracias a la gran movilización y resistencia operada desde diversidad de asociaciones del campo de la salud mental, usuarios y familiares, trabajadores, profesionales y agrupamientos sociales.

 

Volviendo al presente, este inédito mecanismo de arrasamiento de derechos, con un claro sesgo autoritario e inconstitucional para un gobierno en democracia, expresa sin ningún pudor en su objeto (art.1°) de esta omniley: “promover la iniciativa privada, limitando toda intervención estatal”. Decididamente, esta “confesión de parte”, resulta clave para analizar desde una perspectiva política e ideológica, los alcances de este nuevo intento para derribar un evidente logro y avance en materia de legislación en salud mental. La “propuesta” gubernamental se concentró en la modificación de ocho artículos de la ley 26.657, que de lograrlo, afectarían gravemente el espíritu normativo para la protección de derechos, entre ellos: una regulación laxa de las internaciones involuntarias; la restitución de poder al juez en desmedro de la función del equipo interdisciplinario; la habilitación para la continuidad de los manicomios existentes (públicos y privados) y habilitación de nuevas instituciones (neuropsiquiátricos, clínicas psiquiátricas privadas, comunidades terapéuticas para la atención de consumos problemáticos); internaciones en instituciones asilares “adecuadas” y “especializadas”, desconociendo las internaciones en hospitales generales y al conjunto de servicios y dispositivos establecidos para un real cambio de paradigma; cambios en el rol y la composición del Órgano de Revisión, desvirtuando su función de control de las internaciones involuntarias.

Queda claro e indisimulable, qué para el actual gobierno, la política a aplicarse debe pendular entre dos ejes, por un lado, el del ajuste económico en todas sus variables, para así avanzar en el achicamiento del sistema de salud y salud mental pública, generando un grave impacto para los sectores sociales más vulnerabilizados desde los últimos gobiernos. Por otro, beneficiar con la casi eliminación del sector público (como oferta de atención gratuita y competencia “desleal” de la gestión privada), acompañando con el trasvasamiento de recursos públicos (en particular las obras sociales), hacia los sectores empresariales de la salud-salud mental (prepagas). Debe quedar claro que esta política privatista y mercantilizante, no sólo afecta a grandes sectores de la población, sino que también impacta en los derechos laborales de los trabajadores, infligidos por las prácticas de explotación del sistema privado y sus particulares intereses rentísticos.

¿Porqué defender la Ley Nacional de Salud Mental y frente a quiénes?.

Esta ley nacional al igual que la Ley 448 de Salud Mental de CABA, sancionada en el año 2000 (hoy también acosada por un proyecto de la ex ministra de salud de la ciudad, la Dra Ana María Bou Pérez (PRO), para derogarla), comparten un idéntico proceso de construcción histórica y social. No fueron “inspiración” de unos cuantos tecnócratas legislativos, sino por el contrario, por la decidida y activa participación de innumerables actores del campo de la salud mental, particularmente comprometidos con la salud mental pública y muy ligada a múltiples experiencias terapéuticas llevadas a cabo en nuestro país y también en otros países. La realidad a transformar, radicaba en que no sólo estaba atravesada por el continuismo de un modelo manicomial, sino que también por las incesantes y renovadas demandas de atención de la población, frente a la emergencia de un amplio espectro de padecimientos y síntomas, cada vez más asociados a los determinantes sociales y su impacto en el padecimiento subjetivo. Quedaron reflejados en los lineamientos de ambas leyes, el rol directriz de la salud y la salud mental pública, para avanzar en el tan esperado “cambio de paradigma”, esto es, de un modelo manicomial-asilar-restrictivo a otro de plenos derechos y garantías, dentro de una política de Derechos Humanos. Ambas leyes, fueron sancionadas por unanimidad (en realidad, la ley nacional tuvo una sola abstención en la Cámara de Senadores). La ley nacional cuenta además con el apoyo y reconocimiento de diversos organismos internacionales, siendo considerada como una de las más avanzadas del mundo.

En el presente, defender con compromiso y ética la ley frente al avasallamiento que se intenta, no debe ser pasible de claudicaciones ni negociaciones espurias.

Obviamente que opinan en contrario los mismos actores corporativos del hegemonismo médico-psiquiátrico, que sistemáticamente operaron en principio para evitar la sanción de las leyes y luego frente a su fracaso, activar todo tipo de bloqueos y boicots a la plena implementación de las mismas. La gran capacidad de “lobby” de estos actores corporativos, nos recuerda al sociólogo francés Robert Castel, que en su reconocida obra “El Orden Psiquiátrico”, remarcaba “el rol de la psiquiatría como ciencia política, en tanto la capacidad de esta disciplina médica para integrarse y ensamblarse perfectamente en el aparato del Estado, conjugando lo medicalizable y lo administrable, como aspectos fundantes en el sostén del orden o lógica manicomial”. Tal vez, actualizando este lúcido concepto, debería agregarse “lo mercantilizable”, en tanto ligado a los dos bastiones exclusivos de la atención que sostienen estos sectores, esto es, las internaciones en instituciones privadas y la prescripción de psicofármacos (solventados por la poderosa industria farmacéutica), se contraponen evidentemente con la concepción interdisciplinaria de la ley vigente. Siempre vale aclarar, que la denuncia sobre el accionar de este corporativismo, recae sobre las cúpulas dirigenciales y burocráticas, no sobre el conjunto de profesionales psiquiatras que muchos de los cuales, trabajan en condiciones deplorables en los tres subsectores de la atención.

En el presente, defender con compromiso y ética la ley frente al avasallamiento que se intenta, no debe ser pasible de claudicaciones ni negociaciones espurias. Implica actuar considerando los dos factores que interactúan impidiendo la plena implementación de la ley, gobiernos y corporaciones. Indudablemente la política gubernamental esta subordinada al mandato de las corporaciones, que en el marco del actual “desorden o crisis” capitalista, imponen a los Estados sus particulares intereses y por ello, un deterioro y grave daño a los derechos de las personas que demandan atención tanto en lo público como en lo privado. No nos engañemos, el modo corporativo no sólo es patrimonio de las cúpulas psiquiátricas, también se ve reflejado en grupos de psicólogos y otras profesiones, como así también de burócratas gremiales, muchas veces asociados al poder psiquiátrico.

En el marco de la defensa de las instituciones manicomiales, en particular las del sector público-estatal, ahora presenta un cambio en la denominación de estos monovalentes para disimular su verdadero estatus, mediante el eufemismo de “hospital especializado”. Antes neuropsiquiátricos y colonias, ahora son rebautizados para darle continuismo a la persistencia de estas indignas instituciones de control social. Este cambio conceptual, en realidad oculta el verdadero interés, justificar la existencia de las clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas privadas, que en esta etapa de implosión mercantilista y achicamiento de los servicios públicos-estatales, apuntan a un gran sector de la sociedad que detenta una relativa capacidad de consumo.

En cuanto a las responsabilidades gubernamentales, el incumplimiento de la ley nacional desde el año 2010 a la fecha, abarca a tres gobiernos, dos peronistas y uno macrista, intercalado. Sería muy tedioso remarcar en este texto, las claudicaciones e incumplimientos de estos últimos trece años, en materia de presupuesto y falta de decisión y direccionalidad política en salud mental. Pero vale remarcar un dato significativo. A partir del año 2018, se fue integrando como parte de un pacto de cúpulas, la integración progresiva en los organismos específicos devenidos por la ley nacional (Consejo Consultivo Honorario – Órgano de Revisión Nacional – Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones), de la asociación de psiquiatras que en parte lideró férreamente la oposición a la sanción de la ley y luego a su plena implementación. Efectivamente, la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), pasó a ser parte a lo cual sistemáticamente se oponía: la Ley 26.657. Este verdadero absurdo político, que culminó con la ocupación de la máxima autoridad del área por esta asociación antiley, durante el gobierno saliente, acaso significó algún avance para la implementación. No en absoluto, solo administrar el status quo de la no implementación, sin señales de una declaración institucional de reconocimiento a la ley. Ahora y sin ir más lejos, no han hecho ninguna declaración en contra del avasallamiento que implica modificar la ley de salud mental, en el marco de la abominable “ley ómnibus”. Una vez más, el poder corporativo subordinó al poder del Estado, por las defecciones y claudicaciones de funcionarios del gobierno de turno. Decididamente el rol de APSA como máxima autoridad nacional de salud mental, fue lo que popularmente se aplica en estos casos: “el del zorro en el gallinero”…

Otra de las aristas de los embates a la ley, están dados por un aceitado mecanismo mediático, seguramente financiado por estos poderes actuantes, que en infinidad de medios de comunicación vierten falsas interpretaciones sobre la misma, adjudicándole fallas y fracasos en la atención, cuando en realidad no cabe la crítica frente a lo que no fue plenamente implementado. Para ello, cuentan con figuras públicas, como es el caso de la Sra. Marina Charpentier, más conocida como la “mamá del cantante Chano”. Sus cruzadas mediáticas consignando “erróneamente” a la ley como culpable de la cierta falta de respuestas estatales y privadas, con el gravísimo estado de situación que atraviesan miles de jóvenes por los consumos problemáticos de sustancias (adicciones) y que a diferencia del caso Chano, no cuentan con posibilidades económicas de ser asistidos en el ámbito privado.

Frente a la aparición intempestiva de las modificaciones a la ley, cabe preguntarse: quienes asesoraron al presidente Milei ?. Que no queden dudas, son los mismo actores que vienen por la ley y por los negocios privados con la salud mental del pueblo. Para tornar irrefutable este aserto, ¿ a quién se designó como autoridad nacional ?. A una psiquiatra que regentea una de las más conocidas clínicas psiquiátricas de CABA y férrea lobista dirigente del nucleamiento de las clínicas privadas, que históricamente bastardeó y cuestionó los alcances de la ley, en tanto la misma se erigió como un gran obstáculo a sus intereses privados, por ser un control digno a las internaciones involuntarias. El negocio ante todo.

Ajuste y privatización de la atención en salud mental.

Como se expresó, el sector público fue desde los orígenes de la salud mental en nuestro país, el referente principal en las políticas de atención. Tuvo un rol directriz, qué de ser ocupado por el sector privado, implicará un grave deterioro para la salud de la población. Hoy el sector público tiende a focalizar sus acciones sobre los sectores más empobrecidos e indigentes, con cada vez menos recursos. A contramano, el sector privado con nuevos rasgos empresariales, apunta a una cobertura acotada y ordenada por criterios y valores económicos, que requiere de una desregulación estatal y de descarte de lo no rentable. Su modelo clínico terapéutico se circunscribe a un reduccionismo biomédico que desconoce los determinantes sociales del padecimiento subjetivo.

En el mismo momento de la audiencia en la Cámara de Diputados, tomábamos nota de la decisión presidencial de excluir de la ley ómnibus, el proyecto de modificar ocho artículos de la ley 26.657, pasando el debate al marco del ciclo de sesiones ordinarias de la cámara. Observando algunas manifestaciones “triunfalistas” por tal decisión (seguramente tomada a los efectos de no complicar lograr la sanción de otros temas mucho mas significativos que la salud mental…), resultará conveniente no subestimar al enemigo declarado, que ya tiene en el ámbito legislativo diversos proyectos vigentes para modificar la ley y en el peor de los casos, su gran objetivo, lograr derogar la misma.

Por último, es un momento muy crítico para las mayorías populares, en tanto el actual gobierno, lindante con prácticas fascistas, intenta despojarnos del conjunto de derechos sociales, laborales, previsionales y culturales logrados históricamente. En esta línea, debemos plantear que la lucha por la defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, implica defender la herramienta que protege los derechos de las personas con padecimientos mentales y también los derechos de los trabajadores del campo de la salud mental. El pensamiento crítico es parte inherente de las prácticas de salud mental, sin reservas ni partidismos estériles, se debe convocar al campo de la salud mental y particularmente a la comunidad, para sumarse a la lucha y movilización, único medio eficaz para frenar el avasallamiento de quienes consideran que el mercado y el capitalismo depredador son la irreversible oportunidad de hacer valer sus miserables intereses mercantilistas y corporativos. La Salud Mental es con la Ley, sin exclusión ni segregación.

Lic. Ángel Barraco
Asesor del diputado Gabriel Solano (FIT-U/PO). El texto presente, corresponde a la exposición llevada a cabo durante la Audiencia Pública por el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, convocada por el Bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U), el lunes 22 de enero de 2024, en el auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.

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Articulo publicado en
Enero / 2024

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