Los 15 de la Ley, y de regalo, la Contrarreforma de Milei

“Los marxistas realizan una labor constante sin perder una sola "posibilidad" de conseguir reformas y utilizarlas, sin censurar, antes bien apoyando y desarrollando con solicitud cualquier actividad que vaya más allá del reformismo tanto en la propaganda como en la agitación, en las acciones económicas de masas”
(Vladimir I. Lenin, Marxismo y Reformismo, 1913)   

“Es necesario ayudar a las masas, en el proceso de la lucha cotidiana, a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa de la revolución socialista.”
(León Trotsky, El Programa de Transición, 1938)

“Los grandes movimientos de estos últimos veinte años fueron: la revuelta de los estudiantes, las grandes huelgas obreras que hicieron suyas algunas de las luchas de los estudiantes, la lucha en las instituciones psiquiátricas y finalmente, uno de los más importantes, la lucha de los movimientos comunistas. Este momento hizo tener esperanzas en que el mundo pudiera cambiar. Hubo ilusiones, pero también una serie de certezas. Hemos visto, por ejemplo, que cuando el movimiento obrero toma en sus manos luchas reivindicativas, de liberación, antiinstitucionales, esta ilusión se vuelve realidad”

(Franco Basaglia)

Al momento de escribir este artículo, el proyecto oficial de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) ya tiene estado parlamentario por su ingreso formal -días atrás- en la Comisión de Salud del Senado de la Nación. El anuncio previo de su envío reabrió debates y polémicas en torno a la actual Ley, que a fines del 2025 cumplió 15 años de aprobación, en un cuadro donde distintos indicadores estadísticos de salud mental (adicciones, suicidios, etc.) comienzan a plasmarse como alarmas rojas para sectores de la población dentro de la epidemiología sanitaria.  

El proyecto oficial elimina la obligatoriedad estatal de establecer como piso un mínimo del 10% del total del presupuesto de salud para el área de salud mental.

En lo concerniente al proyecto oficial de reforma (o, mejor dicho, contrarreforma) que el gobierno neofascista de Milei pretende hacer aprobar, representa un retroceso en varios aspectos. Una vuelta regresiva a la rejerarquización del saber médico-psiquiátrico como autoridad prácticamente exclusiva en las internaciones de casos de crisis -especialmente involuntarias-, la resurrección manicomial del hospital monovalente para los llamados casos  “graves”, la sustitución conceptual nosológica y diagnóstica de “padecimiento” por “trastorno”,  y el aumento de la potestad judicial en los tratamientos configuran un viraje manifiesto hacia la restauración de un modelo asilar: encierro pineliano, medicalización y control.

O, mejor dicho, un avance reaccionario hacia una remanicomialización bajo las formas actuales de un gobierno abiertamente reaccionario y fascistoide en un sistema de salud donde nunca se transformó en términos de desmanicomialización. Como corolario esperable, y fiel al fetiche de la motosierra, el proyecto oficial elimina la obligatoriedad estatal de establecer como piso un mínimo del 10% del total del presupuesto de salud para el área de salud mental.

Ahora bien, el anuncio del proyecto reaccionario y restauracionista libertario vuelve a instalar un debate que en términos generales tiene muchas décadas y, en particular, ya lleva 15 años, desde que prácticamente fue aprobada la Ley 26.657 -diciembre 2010-, la cual presuntamente venía a transformar el sistema de salud mental en todos sus niveles en camino a la ansiada desmanicomialización (principalmente a través del cierre de hospitales monovalentes y neuropsiquiátricos públicos y privados y de un proceso de sustitución progresiva por dispositivos alternativos y/o sustitutivos). Sin embargo, a una década más un lustro de su aprobación, en términos estructurales y estratégicos nada se ha transformado, algunos aspectos parciales levemente han mejorado, y en otros aspectos, la cosa ha empeorado.

Haciendo Historia

Con “el diario del lunes” (pasado ya un tiempo suficiente de aprobación y reglamentación de la Ley), podemos hacer historia. Al momento de su aprobación, a sabiendas de las ilusiones despertadas en vastos sectores del amplio movimiento de lucha en salud mental, opté por la cautela y -sinceramente y en términos gramscianos- me invadió más “el pesimismo de la razón” que “el optimismo de la voluntad”, casi de manera solitaria.

Luego de 15 años de aprobación de la Ley Nacional de Salud Mental, poco y nada se ha transformado el sistema de salud mental de nuestro país.

Planteé mi prudencia y reserva en lugar del entusiasmo generalizado que se respiraba en el movimiento de salud mental ante la sanción de la Ley. Sí, algo absolutamente comprensible debido a que la aprobación estuvo precedida por años y años de lucha de diversos sectores “desmanicomializadores”, tanto en el ámbito académico como cultural y sanitarista. Mi posición mesurada y no tan optimista la hice pública en el artículo “Hecha la Ley, Hecha la Trampa” publicado en Prensa Obrera (órgano de prensa del Partido Obrero) , a días de la votación de la Ley, diciembre del 2010 (https://prensaobrera.com/salud/ley-nacional-de-salud-mental-hecha-la-ley-progre-hecha-la-trampa-privatista). Meses después, manifesté algo similar en el artículo “Ley Nacional de Salud Mental… ¿Qué Estamos Discutiendo?”, Revista Topía Nro. 61 en abril del 2011 (https://www.topia.com.ar/articulos/derecho-salud).  

En líneas generales y a partir de una lectura y caracterización principalmente política, intenté advertir los límites estructurales -y sobre todo de clase- de una nueva normativa, la cual, independientemente de su contenido discursivo “progresista”, podía abrir las puertas a procesos absolutamente contradictorios (y contrarios a lo progresivo que muchos se representaban en esa ley). Señalé oportunamente el peligro de conceder a gobiernos capitalistas una pretendida reorganización social y sanitaria de un sistema con dispositivos hospitalarios -monovalentes- que la Ley instaba a cerrar y -en la medida de lo posible- sustituir.

Lo hice prácticamente en soledad y la publicación de dichos artículos me valieron distintas y variadas críticas: desde “sectario”, “ultra” y “maximalista” hasta “funcional al poder médico hegemónico psiquiátrico”, pasando a “pinchaglobos”. Lamentablemente, a más de quince años, la experiencia histórica parece confirmar, al menos parcialmente, algunas de mis reservas y alertas.

15 años, 5 Gobiernos, CERO desmanicomialización

Desde la sanción de la Ley -y su reglamentación en el 2013- hasta hoy, han desfilado por la Casa Rosada cinco gobiernos nacionales distintos (sí, cinco) de prácticamente todo el espectro político con representación parlamentaria -salvo el Frente de Izquierda-: dos gobiernos “nac and pop” (último tramo del primer mandato del Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, segundo mandato del 2011 – 2015), el gobierno centroderechista de Mauricio Macri (2015 – 2019), el gobierno centroizquierdista peronista de Alberto Fernández (2019 – 2023) y el hoy gobierno ultraderechista neofascista de Javier Milei.

Los distintos gobiernos que se fueron sucediendo desde la aprobación de la Ley han transformado a la Ley 26.657 en su ‘menú a la carta’.

En dicho transcurso, con el pescado “sin vender” en torno a la desmanicomialización del sistema nacional de salud mental, el programa del movimiento de salud mental se ha limitado a denunciar el presunto incumplimiento de la aplicación de la Ley. Cabe mencionarse que varios sectores que participan del movimiento fueron y son militantes y partidarios entusiastas de las fuerzas políticas que gobernaron nuestro país, con la Ley ya aprobada pero no “aplicada”. Porque, efectivamente, luego de 15 años de aprobación de la Ley Nacional de Salud Mental, poco y nada se ha transformado el sistema de salud mental de nuestro país (y en otros aspectos, se ha agravado y empeorado). Insistimos, habiendo pasado 5 gobiernos de todos los colores políticos del arco patronal y burgués de nuestro país.  

Sin embargo, por momentos parece primar la desmentida de la realidad (en su sentido más freudiano) y la ausencia de toda posibilidad de balances y conclusiones. Luego de más de 15 años y 5 gobiernos (de centroizquierda peronista, “nac and pop” peronista “progre”, centroderecha y ultraderecha), el programa de “exigencia” de cumplimiento de la Ley 26.657 parece haberse convertido en la exigencia de quien se enoja con el olmo porque no le da peras (sea el gobierno que sea) y por momentos parece haber devenido en un pataleo políticamente inocuo.  Así, por momentos parece ser que el reclamo no pone nada en juego más que su propia repetición: entre el derecho a exigir y el hábito de quejarse, se instala un punto donde la demanda deja de operar como herramienta y pasa a funcionar, al menos como refugio político y discursivo.

En esa clave es que hoy la única propuesta ante la “contrarreforma” de Milei es -otra vez más- insistir por lo mismo que se venía insistiendo en los gobiernos anteriores -que formalmente decían defender y aplicar a la Ley-.  La lectura escindida con licencia kleiniana en términos de ‘pecho bueno’ (el supuesto cumplimiento absoluto de la Ley 26.657) y ‘pecho malo’ (su incumplimiento o ahora la “contrarreforma” reaccionaria de Milei) no sólo simplifica la complejidad del problema, sino que contribuye a eludir la interrogación sobre las propias condiciones históricas, de clase e implicaciones, que cualquier herramienta de análisis pretendidamente marxista (desde el “ABC” del materialismo histórico y dialéctico metodológico) se plantearía realizar a la hora de responder a la pregunta sobre por qué una ley vigente no habría sido aplicada en su totalidad luego de 15 años de aprobación -y 13 años de reglamentación-.

Si bien en muchos casos puede ser “políticamente correcto”, por otro lado, lejos de constituirse como una herramienta agitativa de combate por la transformación, termina reproduciéndose como pura inercia repetitiva (en el sentido más común y también freudiano del término), mientras los años siguen pasando, y los gobiernos de distintos pelajes, colores y signos, también. Con Ley aprobada y reglamentada, pero sin ninguna transformación concreta, aún en los términos reformistas -y ya no revolucionarios- más básicos y simples en el sistema de salud mental.

Los límites de la lucha “reformista”

Hagamos un paréntesis. ¿Vamos a desestimar o a despreciar cualquier reforma progresiva con fuerza de ley aún dentro de los límites del régimen burgués, desde la antinomia “reformismo” o “vía revolucionaria”? De ninguna manera. Lenin solía manifestar -contra “los izquierdistas” de la época- algo así como que “los revolucionarios somos los mejores reformistas”. Lo decía bajo la perspectiva que las reformas progresivas “arrancadas” en el ámbito parlamentario, particularmente a través de la lucha debían oficiar de catalizador de la lucha estratégica por la revolución. Pero también para marcar que los “reformistas” de la época, personeros del propio régimen, en un santiamén podían transformarse en detractores de sus propias reformas (en defensa del régimen). El problema no es que con la sanción de la Ley no hemos llegado al gobierno obrero ni el socialismo. Sino que ni siquiera ha habido reforma progresiva en salud mental. Ni desmanicomialización. Ni nada.

Esto no implica desconocer ni desestimar avances o conquistas parciales, muchas de ellas producto de años de lucha de movimientos específicos. Existen leyes que consagran reformas progresivas cuyo cumplimiento efectivo resulta compatible —al menos en ciertos márgenes— con el funcionamiento del propio régimen social. Tal es el caso, por ejemplo, de la legalización del aborto o del matrimonio igualitario, que aun con límites y contradicciones han podido implementarse de manera relativamente efectiva.

La desmanicomialización, en cualquier sentido efectivo, es incompatible con la estructura actual del sistema de salud.

Sin embargo, hay otro tipo de leyes que no se limitan a reconocer derechos o a introducir mejoras parciales, sino que implican —al menos en su formulación— una reestructuración más profunda de determinadas relaciones sociales. Relaciones sociales de producción material y económica (en su sentido más marxista) y subjetiva (desde la “batalla cultural” de la concepción de sujeto).

La Ley 26.657 se inscribe en este segundo tipo, aunque no sea su objetivo inicial. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy no puede haber una transformación desmanicomializadora en el sistema de salud mental (cimentada en dos grandes pilares, cultural, pero sobre todo económico) que no conlleve una reorganización material del sistema de salud mental (esto es, sus relaciones sociales de producción económica y subjetiva) y, en última instancia, una alteración de las condiciones en que se produce y se aborda el padecimiento psíquico.

Es en este punto donde aparece su límite: ese programa resulta objetivamente inviable en el marco del régimen social vigente, con independencia del signo político del gobierno de turno.

15 años de Ley: Cumplimiento “parcial” al estilo “menú a la carta”

La experiencia de estos quince años es ilustrativa. Es un error plantear que en este lapso “no se cumplió” con la Ley. Los distintos gobiernos no “incumplieron” la ley en bloque. Por el contrario, avanzaron en aquellos aspectos compatibles con la orientación general del sistema: por ejemplo, la introducción de lógicas de trabajo más interdisciplinarias en muchos equipos hospitalarios, en detrimento del antiguo predominio exclusivo del saber psiquiátrico (con la resistencia de las corporaciones médicas que judicializaron todo lo que pudieron).

Sin embargo, la propia ley fue utilizada como instrumento para profundizar tendencias regresivas: desmantelamiento de hospitales monovalentes (principalmente con recorte progresivo de camas de internación) sin la consiguiente apertura de unidades en hospitales generales polivalentes -claro está, en nombre de cumplimentar las reformas “desinstitucionalizadoras” impulsadas por la OMS y la OPS-, tercerización de dispositivos y efectores bajo la forma de “participación comunitaria” (fundaciones, ONGs), precarización laboral de profesionales “interdisciplinarios” y deslinde de la responsabilidad estatal en la provisión directa de cuidados.  

El resultado fue una aplicación selectiva, fragmentaria y funcional a las restricciones del sistema: como un cliente se sienta en un restaurant y elige en la carta del menú, qué comer (y qué no comer), los distintos gobiernos que se fueron sucediendo desde la aprobación de la Ley han transformado a la Ley 26.657 en su “menú a la carta”. Se implementa lo compatible con la lógica de ajuste y mercantilización, mientras se posterga —indefinidamente— aquello que exigiría una transformación estructural del sistema de salud: la tan ansiada y mentada desmanicomialización basagliana.

¿Qué programa para transformar la salud mental? ¿Qué lucha para transformar?

Y es precisamente este balance el que vuelve problemática la posición predominante en amplios sectores del campo de la salud mental que, desde hace más de quince años, insisten en reducir el programa al reclamo del “cumplimiento de la ley”.

Porque si la propia dinámica de aplicación ha demostrado que la ley se cumple en aquello que el sistema permite y se bloquea en aquello que lo cuestiona, entonces la consigna del “cumplimiento” deja de ser una orientación estratégica para convertirse en una forma de adaptación al terreno existente.

En este punto, la izquierda —salvo contadas excepciones—, lejos de trazar una delimitación política respecto de las corrientes nacionalistas burguesas y del “progresismo sanitarista” reformista —incluyendo sectores cuyos referentes han ocupado o incluso ocupan cargos en la gestión estatal— optó por subirse al barco “nac & pop”. En los hechos, esto significó reducir su intervención política en salud mental a una consigna única y reiterada: exigir el cumplimiento de la Ley de Salud Mental.

... sin la socialización del sistema sanitario en un sistema público, único y universal; sin la nacionalización de los principales resortes del sector —clínicas, prepagas y laboratorios—; y sin la gestión obrera y comunitaria en el primer nivel de atención, en los hospitales y en los dispositivos sustitutivos y alternativos, la desmanicomialización no pasa de ser una consigna.

El seguidismo de la izquierda al nacionalismo burgués o al “progresismo sanitarista” en el terreno de debate y lucha de la salud mental es la manifestación en este campo específico de una orientación más general. Implica el abandono de toda perspectiva estratégica de clase y de cualquier intento de abordar, en términos socialistas, el “problema concreto de una situación concreta” (Lenin dixit) en relación con la crisis de la salud mental. El resultado ha sido su transformación en corifeos del progresismo sanitarista dentro del propio movimiento, donde continúa predominando una hegemonía “nac & pop” o kirchnerista en sus distintas variantes.

Pero el problema no se agota en una delimitación política fallida. Lo más significativo es que, en este terreno, la izquierda —inclusive la trotskista— ha dejado de formular incluso lo más elemental de un Programa de Transición en el campo de la salud mental. No se trata solo de un déficit táctico, sino de una renuncia programática: la de plantear que la desmanicomialización, en cualquier sentido efectivo, es incompatible con la estructura actual del sistema de salud.

Porque sin la socialización del sistema sanitario en un sistema público, único y universal; sin la nacionalización de los principales resortes del sector —clínicas, prepagas y laboratorios—; y sin la gestión obrera y comunitaria en el primer nivel de atención, en los hospitales y en los dispositivos sustitutivos y alternativos, la desmanicomialización no pasa de ser una consigna. Hoy, toda reforma y transformación “desmanicomializadora” de fondo es indivorciable de un programa de transición socialista y la perspectiva de la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. Ya no queda margen ni siquiera para el “reformismo” en cualquier perspectiva de reforma basagliana. Insistimos, quizás hubiera sido posible en otro momento histórico, Hoy ya no.

Ocurre que al momento histórico, toda reforma de desmanicomialización genuina plantea una alteración en las relaciones sociales de producción económica y subjetiva: esto es, las medidas “de transición” que propongo líneas arriba junto con, por ejemplo, la promoción de programas de reinserción laboral y vocacional para pacientes “cronificados”, junto a planes habitacionales y de viviendas asistidas (muy distinto a las “residencias protegidas” que el gobierno de la provincia de buenos aires ha inaugurado en los últimos años a modo de “guetos”) hoy no encuentran siquiera un mínimo margen para ningún gobierno capitalista, ni el más “humanista” ni “progresista”. Claro está, estos últimos tampoco garantizan el trabajo digno, el salario y la vivienda para los “normales” y “cuerdos” entre las fuerzas productivas “sanas”.

Ahora bien, esto abre un problema que rara vez se discute de frente: ¿qué fuerza política está dispuesta a dar una lucha de poder para imponer estas medidas? ¿Y qué posición adoptan quienes adhieren a la desmanicomialización, pero rechazan estas transformaciones por considerarlas “excesivas”? Ese es, precisamente, el punto que el progresismo sanitarista busca eludir. Y otro debate.

Pretender exigir la desmanicomialización -al gobierno de turno que sea- sólo a fuerza de exigir el cumplimiento de una ley, al menos en las condiciones históricas de un capitalismo semicolonial como el que rige en nuestro país prácticamente desde su fundación, y dentro de sus propios límites, es como ilusionarse con jugar a la bolita sobre el suelo de la Luna, donde no rige la ley de gravedad (y apenas se intente arrojar una canica al suelo gravitará hacia arriba) : no es solamente una cuestión de mayor o menor voluntad, es que las condiciones vuelven imposibles el normal desarrollo del juego.

Hernán Scorofitz
Psicoanalista
h.scorofitz [at] gmail.com">h.scorofitz [at] gmail.com