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Red por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental

 

Quienes constituimos la Red, nos consideramos identificados y siendo parte de una riquísima historia de nuestro país que incluye nombres ilustres como los de Enrique Pichón Riviere, Mauricio Goldemberg, Armando Bauleo, Fernando Ulloa, Valentín Barenblit, Vicente Galli y tantos otros, que bregaron por un avance transformador del campo de la salud mental. En el marco de sus experiencias, se intentó superar un retrógrado modelo de atención, históricamente basado en el encierro y la transgresión de los derechos humanos de las personas asistidas y que cabe reconocer, aún persiste. Esta historia, es también parte activa y fundante del espíritu de las leyes de salud mental, que han sido sancionadas a partir del inicio del siglo XXI.

Hoy, nuestro compromiso, va más allá del de haber sido activos partícipes en la construcción y posterior sanción de dichas herramientas legales, internacionalmente reconocidas, como lo son tanto la Ley de Salud Mental N°448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sancionada hace quince años) y la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N°26.657 (que cumplirá cinco años de su promulgación). Pese a haber sido ambas leyes reglamentadas (con demoras), sin embargo, sus respectivas implementaciones prácticamente no se han llevado a cabo, por una diversidad de factores, entre ellos, el desconocimiento, las resistencias corporativas y la inacción gubernamental de las jurisdicciones.

Desde la Red, consideramos que además de un padecimiento subjetivo, la Salud Mental no se define por ser una disciplina o especialidad médica o psicológica, sino que es un campo de intervención complejo, dinámico, abierto y multirreferencial, en el que hablar de la salud mental de las personas, implica considerar factores económicos, sociales, políticos, culturales y territoriales, que atraviesan a un sujeto en su existencia social e histórica. Este principio, ligado a un nuevo paradigma de atención, requiere de leyes, pero teniendo claro y sin perder de vista, que las mismas son un “punto de partida”, que requieren del acompañamiento de una construcción colectiva, atravesada por el compromiso social y la participación de toda la comunidad.

La lucha por establecer este nuevo paradigma en salud mental, no sólo debe apuntar a desarrollar políticas desmanicomializadoras, sino también a instituir un modelo de atención digno, que incluya todo un amplio espectro de padecimientos actuales (violencia familiar y de género, consumo problemático de sustancias psicoactivas, trastornos de la alimentación, etc.), siendo sus pilares, el criterio interdisciplinario e intersectorial. En particular es vital establecer equipos interdisciplinarios que superen la visión limitada y reduccionista de la perspectiva médica hegemónica, y un claro enfoque en el respeto de los Derechos Humanos, a partir de una mirada plural del padecimiento psíquico, en la cual la restitución de la subjetividad se enmarca en la construcción de ciudadanía.

Consideramos que el objeto de la Salud Mental es el sujeto en su existencia real, esto es, en su tiempo, su sociedad y su cultura. En ese sentido y desde la perspectiva legal, consideramos al sujeto como “sujeto de derecho”, por ello nos identificamos con que “el derecho no se negocia, al derecho no se renuncia y respecto en cómo ser parte de la exigencia, considerar que sin participación, no hay derechos”. (Dra. María Graciela Iglesias - Órgano de Revisión Nacional).

Nuestro compromiso desde la Red, respecto del cumplimiento efectivo de las leyes de salud mental, se ratifica día a día, en tanto siguen vigentes problemas tales como:

- la estigmatización y discriminación de las poblaciones, núcleos y personas en situación de vulnerabilidad.

- La inexistencia de sistemas y redes de salud mental, acordes a los lineamientos establecidos por las leyes de salud mental (efectores-servicios-dispositivos asistenciales y comunitarios).

- La falta de adecuación a los lineamientos legales, de la formación y capacitación en servicio de los recursos humanos de Salud y SM, para los subsectores público-privado-seguridad social.

- La falta de creación y puesta en marcha de los dispositivos clínicos y sociales sustitutivos del modelo manicomial.

- La direccionalidad presupuestaria de las jurisdicciones, que de forma arbitraria continúan destinando recursos en el modelo asilar.

- El constante cierre o avasallamiento de efectores, servicios y dispositivos existentes que cumplen con los lineamientos legales, en un claro accionar que apunta a un trasvasamiento de los recursos públicos estatales hacia el sector privado (mercantilización de la salud mental).

- Los graves obstáculos y resistencias de parte de sectores corporativos profesionales, gremiales, jurídicos y estatales para el cumplimiento efectivo de lineamientos establecidos en las leyes.

En estos momentos, hemos concentrado nuestro despliegue en torno a la grave situación que impera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el área de salud mental pública está siendo arrasada respecto de lo poco existente y sus autoridades gubernamentales se han empeñado en desconocer sistemáticamente la Ley 448 y la Ley Nacional 26.657.

En definitiva, nuestro accionar se ciñe en torno a “la ley que tenemos, las políticas que necesitamos” y para ello apuntamos a sumar en el compromiso de esta lucha, a todos los actores sociales, políticos, culturales y científicos que se identifiquen con este impostergable desafío.

 

Ángel Barraco

Miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley Nacional de Salud Mental, en representación de la Red por la Plena Implementación de la LNSMyA.

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Articulo publicado en
Noviembre / 2015

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