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La situación represiva en Argentina 2022

 

María del Carmen Verdú es abogada y militante antirrepresiva desde fines de los ‘80. Es integrante fundadora de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). Escribió el libro Represión en Democracia, de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los DDHH” (Buenos Aires, Herramienta, 2009). La CORREPI es una organización antirrepresiva, autogestiva, que se define anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Se fundó en 1992. Como relata Verdú: “militamos hace más de 30 años contra toda forma de represión estatal (gatillo fácil, torturas, detenciones arbitrarias, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme), contra la criminalización de la protesta y el conflicto social y por la libertad de presxs políticxs.” En este texto aborda una faceta de nuestra era del malestar actual: la situación de la continua represión estatal y las necesarias luchas que se llevan adelante.

Desde el inicio de la pandemia se ampliaron las facultades y recursos de las fuerzas represivas con la excusa de “hacer cumplir las medidas sanitarias”, en lugar de garantizarlo con suficientes medidas sociales y asistenciales universales

La gestión de gobierno que encabezó a nivel nacional Mauricio Macri hasta diciembre de 2019 dejó cifras espeluznantes en materia económica y social. La escalada represiva desatada para garantizar el control social ante ese panorama de brutal ajuste y expoliación fue tan marcada que culminó con los peores números desde el final de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. El Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal registra 1.923 muertes entre el 10/12/2015 y el 9/12/2019, con lo que el promedio llegó al record absoluto de una muerte cada 18 horas.1

Al mismo tiempo que sufrimos un sinfín de represiones a la protesta social, el gobierno defendió el gatillo fácil, primero discursivamente, y luego lo legalizó con la resolución 956/2018, que convirtió en norma vigente la “Doctrina Chocobar”, como la empezamos a llamar después del asesinato de Juan Pablo Kukoc, junto a media docena más de protocolos de actuación de las fuerzas que ampliaron sus facultades y garantizaron su impunidad.

En diciembre de 2019, tras el triunfo electoral de la fórmula del Frente de Todos, el pueblo trabajador celebró masivamente el fin de la pesadilla macrista y escuchó con expectativa al nuevo presidente en su inauguración, cuando anunció el Plan Integral Argentina contra el Hambre y prometió apoyar la economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar; enfrentar la inflación y la desocupación; supeditar el pago de la deuda con el FMI al crecimiento interno; reactivar la obra pública para paliar la crisis de vivienda; defender los derechos de las mujeres y las diversidades, y ratificó el compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Fue inédito escuchar ese día, en boca de un presidente argentino, la frase “Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y de justificar las muertes por la espalda”.

Al inicio de la gestión, el gobierno nacional impulsó algunas medidas apuntadas a atender la urgencia social, pero pronto quedaron en evidencia sus limitaciones para avanzar en cambios estructurales y dar respuesta a aquella expectativa de los sectores populares que lo apoyaron. El anuncio y posterior retroceso de la expropiación de la cerealera Vicentín fue una de las primeras señales en ese sentido.

En materia represiva, se dio un panorama semejante, de algunos avances seguidos de limitaciones y retrocesos. En diciembre de 2019, CORREPI presentó a la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, su Agenda Urgente Antirrepresiva. A menos de 15 días de asumir, se cumplieron los primeros cinco puntos, con la derogación de los “protocolos Bullrich”, esas normas de actuación para las fuerzas de seguridad federales que había impuesto Patricia Bullrich. Celebramos la derogación de la Resolución 956/2018 que habilitaba el uso del arma reglamentaria de las FFSS federales en cualquier circunstancia; de la Resolución 845/2019 que masificaba la intercepción y detención de personas “para identificar” en las estaciones de trenes (Programa “Ofensores de Trenes”); de la Resolución 598/2019 que creó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” a cargo de GNA, para adoctrinar y militarizar a la juventud; de la Resolución 395/2019 que aprobó el uso de las picanas Taser y de la Resolución 932/2019 que creó el “Centro de Formación de Gendarmes” en la Unidad Turística Chapadmalal, sin dejar de señalar que, para que algo cambiara realmente, debía atenderse la totalidad de la agenda.

La prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria a los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fuera del horario y lugar de servicio y la derogación del protocolo para la detención de personas LGBTTIQ+, al inicio de 2020, sostuvieron la expectativa, aunque también señalamos entonces que ese incipiente camino se contradecía fuertemente con la designación del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales o la resolución que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje. En eso estábamos, cuando estalló la pandemia de covid-19, y se produjo un giro copernicano en la gestión de las políticas represivas del gobierno.

Si la situación ya era complicada, la falta de decisión política del gobierno nacional ante un contexto internacional inédito, empeoró la situación. En términos sanitarios es donde, inicialmente, menos errores encontramos. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ante la aparición de los primeros casos permitió que el sistema sanitario, imposibilitado de dar respuesta inmediata después de años de desidia, no se saturara. Sin embargo, esa medida no estuvo acompañada de otras que mejoraran las condiciones laborales de lxs trabajadorxs de la salud (muchxs de ellxs siquiera reconocidxs como tales, por ejemplo, en CABA), o de la educación, que debieron improvisar todo tipo de estrategias para sostener el contacto con lxs alumnxs a distancia, mientras escuchaban a la derecha rancia y una gran parte de los medios hegemónicos quejarse de que “las escuelas estaban cerradas”.

Las medidas económicas implementadas para paliar los efectos del aislamiento, en perspectiva, terminaron beneficiando más al empresariado que a lxs trabajadorxs, ya que las pocas que les estaban destinadas directamente, como el IFE, fueron claramente insuficientes. Uno de los grandes temas de la pandemia en todo el mundo, el impuesto a las grandes fortunas, reclamado desde el inicio de la pandemia, se aprobó de forma tardía e insuficiente, revelando la falta de voluntad política para avanzar sobre los que más tienen, aun cuando más del 50% del país se encuentre por debajo de la línea de pobreza, y más del 20%, por debajo de la línea de indigencia.

La política fiscal del ministro de Economía Martín Guzmán estuvo plagada de gestos de cara al inminente acuerdo con el FMI, que sólo traerá más ajuste -y por ende, más represión- en el corto, mediano y largo plazo, y que repudiamos enfáticamente.

Durante 2020 vimos policías “bailando” pibxs en la calle, entrando a las patadas a las casas de miembros de comunidades originarias -como en Chaco-, violentos desalojos como Guernica, y nuevamente tuvimos que denunciar desapariciones seguidas de muerte

Desde el inicio de la pandemia se ampliaron las facultades y recursos de las fuerzas represivas con la excusa de “hacer cumplir las medidas sanitarias”, en lugar de garantizarlo con suficientes medidas sociales y asistenciales universales. Se avanzó en la creación de Comandos Unificados, se ampliaron los recursos económicos a las distintas fuerzas (incluso aumentos, como a la policía bonaerense, a partir de levantamientos que sembraron un clima espeso en plena pandemia), y se saturaron los barrios con efectivos. Se abandonó aquel rumbo inicial marcado por la derogación de los protocolos Bullrich, y el resultado de esa decisión política fue un exponencial crecimiento de las muertes en lugares de detención, y el sostenimiento de las cifras de fusilamientos por gatillo fácil.

Con los datos que hoy disponemos, registramos 537 muertes a manos del aparato represivo estatal en 2020, con la necesaria aclaración de que 384 (71,5%) son personas que murieron en lugares de detención

Durante 2020 vimos policías “bailando” pibxs en la calle, entrando a las patadas a las casas de miembros de comunidades originarias -como en Chaco-, violentos desalojos como Guernica, y nuevamente tuvimos que denunciar desapariciones seguidas de muerte, como Luis Espinoza en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires. Con los datos que hoy disponemos, registramos 537 muertes a manos del aparato represivo estatal en 2020, con la necesaria aclaración de que 384 (71,5%) son personas que murieron en lugares de detención.

A lo largo de 2021, hubo menos denuncias vinculadas al cumplimiento de las medidas de aislamiento, en buena medida por el pase del ASPO al DISPO, pero casi no hubo cambios en las cifras del gatillo fácil, y menos en la cantidad de personas muertas en lugares de detención (a pesar que aún no contamos con los informes de organismos oficiales, que se publicarán en 2022). La criminalización de la protesta estuvo a la orden del día, como lo sufrieron lxs Asambleístas contra la mina en Andalgalá, con efectivos del grupo antimotines pateando puertas para forzar el ingreso a viviendas de vecinxs, detenciones masivas y graves imputaciones, o lxs trabajadorxs desocupadxs y de la salud en el Puente Pueyrredón.

En ese contexto llegamos a las elecciones 2021. El resultado de las PASO representó un sorpresivo golpe de realidad para los distintos sectores. Lo cierto es que la alianza Juntos mantuvo el caudal de votos de 2019, mientras el enorme descontento de muchísima gente que tenía expectativas en el Frente de Todos, pero ha visto cómo empeoró su situación ante la falta de voluntad política del gobierno para evitarlo o morigerarlo, redujo sensiblemente su apoyo.

Registramos 149 fusilamientos de gatillo fácil en territorio bonaerense, de los cuales 71 fueron a manos de la policía bonaerense, y el resto de PFA, GNA, PNA y Policía de la Ciudad

Pero hay un fenómeno particular, el de los movimientos autodenominados “libertarios”, que aprovecharon parte de esa bronca en algunos distritos, alimentados por los sectores económicos que los sostienen en los horarios principales de los canales de televisión y las redes sociales. Esos discursos cargados de odio de clase, discriminación y estigmatización, que incitan a “hacer queso gruyere con los delincuentes” o promueven que los “honestos” se armen contra los “deshonestos”, no pueden ser menospreciados, mucho menos cuando lograron resultados electorales en algunos casos importantes, con representación parlamentaria. No solamente influyen a partir de la conquista de adeptos, sino que traccionan hacia la derecha a otras fuerzas. La respuesta del Frente de Todxs a la provocación reaccionaria de José Luis Espert vino por boca del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que en lugar de repudiarla enfatizó que él “va más lejos todavía”, y agregó, como prueba de su “eficacia”, un verdadero parte de guerra: “En dos años de gestión tengo 150 delincuentes abatidos”. En ese mismo lapso, registramos 149 fusilamientos de gatillo fácil en territorio bonaerense, de los cuales 71 fueron a manos de la policía bonaerense, y el resto de PFA, GNA, PNA y Policía de la Ciudad.

Tras las elecciones legislativas, la llegada de Aníbal Fernández al mando del área de seguridad nacional representa otro retroceso. Sus primeras medidas estuvieron más en línea con su par bonaerense, Sergio Berni, que con los intentos progresivos de su antecesora Sabina Frederic. A pesar de un discurso público con expresiones como que la conflictividad social “no se soluciona a los palos” (como si él mismo no fuera uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda y del asesinato de Mariano Ferreyra), Aníbal Fernández, con el respaldo del propio presidente, no ha dudado en enviar efectivos federales a Rosario bajo la excusa de combatir el narcotráfico, a Río Negro para apoyar a una gobernadora que califica de terrorista al pueblo Mapuche que pelea por recuperar las tierras que habita desde antes que existiera el estado argentino -y cuya policía facilitó el asesinato de Elías Garay, ejecutado por sicarios vinculados a la empresa forestal que pretende esas tierras-, o de saturar de gendarmes y prefectos las estaciones de los trenes del conurbano.

Aun sin presupuesto nacional aprobado para 2022, los de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que sí fueron aprobados por las respectivas legislaturas, muestran un camino compartido. El de CABA planea destinar más fondos a la construcción de comisarías que a la infraestructura escolar o de salud.2 En la provincia de Buenos Aires, al fuerte aumento remunerativo para la policía y el servicio penitenciario de diciembre de 2021, se sumó una gran suba de la partida para la cartera que dirige Sergio Berni en el Presupuesto 2022.3

No podemos escindir estas medidas de cara a la profundización de la situación crítica actual, que se generará a partir del acuerdo que tanto oficialismo como la oposición de derecha proyectan alcanzar con el FMI.

Ante este panorama, resulta más necesario que nunca reclamar el cumplimiento de la agenda antirrepresiva urgente que promueve CORREPI, que no es una solución de fondo a lo que resulta un rasgo sistémico en el actual estado de cosas, pero que podría reducir significativamente la letalidad de las fuerzas de seguridad en algunas modalidades. Son medidas totalmente realizables aquí y ahora, que remiten a temas sensibles históricamente, para cuya concreción sólo falta la decisión de implementarlas.

Por ejemplo, si se universalizara a todas las fuerzas de seguridad la prohibición de portar el arma reglamentaria cuando están fuera de servicio o no identificados claramente como funcionarios públicos, como ya rige para la PSA, se evitarían el 50% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 90% de los femicidios de uniforme. Si se derogaran las normas que habilitan a las fuerzas a detener personas arbitrariamente y se eliminaran las prácticas no normadas como las razzias, tal como lo ordena el fallo Bulacio de la Corte IDH, incumplido desde 2003, caerían a la mitad las muertes en comisarías, que en más del 50% afectan a personas “demoradas” por averiguación de antecedentes, “contraventores” por faltas o contravenciones o arrestadas en razzias u otros procedimientos masivos sin intervención previa judicial.

Por eso exigimos4:

• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. ¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio ya!

• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.

• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.

• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.

• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.

Notas

1. Archivo de Casos, www.correpi.org

2. http://www.correpi.org/2022/el-plan-de-larreta-para-lxs-pibxs-mas-comisa...

3. http://www.correpi.org/2021/navidad-represiva-mas-recursos-para-la-polic...

4. Ver la Agenda Antirrepresiva completa en http://www.correpi.org/2021/archivo-2021-la-deuda-es-con-el-pueblo/

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Articulo publicado en
Abril / 2022

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