A partir de Gramsci, la hegemonía es entendida como un proceso de dirección política e ideológica, en el que una clase o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre “funcionales” para la reproducción del sistema.
Este proceso actual, se inscribe en el llamado “tecnocapitalismo”, en el cual las corporaciones farmacéuticas, han pasado a ser una de las actividades con mayor margen de renta del sistema capitalista
En una reciente comunicación institucional de parte de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), se informa a sus asociados sobre un “hecho histórico” para la institución: "…la de ser la única Sociedad Profesional Evaluadora del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, a cargo de la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de Nación, en lo que compete a las Residencias de Psiquiatría, Psiquiatría infanto-juvenil y Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental de todo el país".
La lectura de las reflexiones de Scorofitz[1], Vainer[2] y Carpintero[3], algunas de estas compartidas en la Revista Topia, me movilizaron a participar del debate y colocar en juego algunas hipótesis que vengo construyendo hace ya un tiempo.
El desafío es avanzar a partir del logro colectivo que significó la sanción de las leyes de salud mental, considerando a las mismas como un punto de partida y no de llegada
La política de Salud Mental, como parte de un proyecto político, debe definir los problemas a atender, las prioridades y los principios bajo los cuales se debe organizar la atención. El desarrollo de una política de salud mental, puede promover o violar los derechos humanos, dependiendo de cómo se formule o ponga en práctica. Por ello, la legislación en salud mental debe codificar y consolidar los principios, los valores y los objetivos, para llevar adelante un cambio de paradigma en la atención.
Hace poco más de un año publiqué en estas páginas el artículo “Ley Nacional de Salud Mental: ¿Qué Estamos Discutiendo?”(Revista Topía Nº 61 de Abril 2011) donde -en el cuadro de un debate que se venía desarrollando en la Revista, inclusive previamente a la aprobación en noviembre del 2010 de la Ley 26.657-[1], me permití advertir las consecuencias “no deseadas” en la aplicación de la misma, en particular pretendiendo anticipar una particular “interpretación de la letra” por parte de las autoridades
Los que hacemos la revista Topía apoyamos esta declaración que pone en evidencia la preocupante situación de la Salud Mental. No sólo no se cumple con la Ley Nacional de Salud Mental, sino que además, se avanza con el deterioro y la privatización de la atención. Lamentablemente hechos como este se dan no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en diferentes lugares del país. Es necesario poder hacer públicas estas situaciones que sólo pueden avanzar en tanto haya silencio.
Hace un año se aprobó la Ley Nacional de Salud Mental. Su destino parece seguir los pasos de la Ley 448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas intenciones en los papeles pero ningún cambio efectivo.
La Ley Nacional de Salud Mental, aprobada a fines del año pasado por el Congreso Nacional, hay que entenderla en el interior de la lógica actual del sistema capitalista que en nuestro país conlleva el deterioro de la Salud Pública desde hace muchos años. Hasta la actualidad la gestión de gobierno no ha modificado el modelo productivo ni las bases económicas y financieras de las políticas neoliberales. En la Salud Pública las acciones implementadas apuntan a transferir recursos públicos al sector privado.
Carla Delladonna (compiladora), Rocío Uceda (compiladora), Paulina Bais, María Sol Berti, Susana Di Pato, Marta Fernández Boccardo, Romina Gangemi, Maiara García Dalurzo, Bárbara Mariscotti, Agustín Micheletti, María Laura Peretti, Malena Robledo, Georgina Ruso Sierra